CASANARE
Confirman orden de arresto y multa al Alcalde de Yopal por desacatar fallo de tutela
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, confirmó la orden de arresto por tres días proferida contra el alcalde de Yopal, René Leonardo Puentes, la cual había sido remitida en grado de consulta ante ese Despacho judicial, por parte del Juzgado Primero Civil Municipal.
La actuación se deriva de una Acción de Tutela interpuesta por la propietaria del predio donde se encuentra el asentamiento humano denominado “Mi Nueva Esperanza”, la cual fue fallada en primera instancia el 11 de noviembre de 2016 por el Juzgado Primero Civil Municipal, y confirmada en segunda instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito el 27 de enero de 2017.
Cronología del incumplimiento
Ante el no cumplimiento del fallo que ordenaba a la Alcaldía de Yopal restituir el bien inmueble a su propietaria, el cual está invadido por un número considerable de familias, la propietaria tramitó el incidente de desacato el 16 de marzo de 2018.
El 02 de mayo de 2018, la Alcaldía de Yopal radicó un memorial ante el Juzgado, precisando que “debido a la complejidad de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, era totalmente imposible llevar a cabo el desalojo en los términos que dispone el Juez de Tutela”.
Debido a esta argumentación, el Juez de Tutela modificó los tiempos inicialmente ordenados para cumplir la orden judicial, por lo que concedió un tiempo improrrogable de cuatro meses, contados a partir de la modificación, para culminar todas las actuaciones necesarias y requeridas para realizar la diligencia de lanzamiento. De igual manera, ordenó a la Alcaldía de Yopal para que en el mismo término de tiempo señalara la fecha y hora para adelantar la diligencia de lanzamiento.
El 07 de noviembre de 2018 la propietaria del predio informó nuevamente al Juzgado que el plazo concedido a la Alcaldía de Yopal había vencido el 13 de octubre de 2018, sin que se hubiere dado cumplimiento a la orden de tutela, solicitando nuevamente se impulse el incidente de desacato contra el alcalde René Leonardo Puentes.
El 13 de diciembre de 2018, el Juzgado Primero Civil Municipal, tras advertir el incumplimiento de la orden judicial de tutela, sancionó con multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes al alcalde René Leonardo Puentes, además de ordenar el arresto del mandatario local por tres (03) días. “Se denota la omisión de la administración en acciones concretas tendientes a atender la orden judicial”.
Tras las notificaciones de la decisión, el proceso fue remitido a consulta ante el superior jerárquico, correspondiéndole al Juzgado Primero Civil del Circuito, quien este 22 de abril se pronunció sobre la consulta, confirmando la decisión adoptada por el Juez Primero Civil Municipal el 13 de diciembre de 2018, es decir, confirmó la orden de arresto y la multa para el alcalde Leonardo Puentes.
“… resulta ampliamente reprochable que en el lapso comprendido entre el 11 de noviembre de 2016 al 16 de marzo de 2018, es decir, más de 2 años, la ALCALDÍA MUNICIPAL, NO haya desplegado actos concretos a efectos de reubicar los núcleos familiares que conforman el asentamiento humano “Mi Nueva Esperanza” y realizar la entrega efectiva del lote de terreno de propiedad de la promotora de la acción de tutela…”, reza el auto mediante el cual se resuelve la consulta.
Como quiera que la Alcaldía de Yopal impugnó la Acción de Tutela mediante la cual se ordenó reabrir el incidente de desacato, la apoderada del alcalde René Leonardo Puentes había solicitado al Juzgado Primero Civil del Circuito suspender los efectos de la sanción hasta tanto se conozca la decisión de segunda instancia sobre la tutela, pero el Juez consideró improcedente la mencionada solicitud.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
Un nuevo siniestro vial cobró la vida de Estiven Arley Grimaldos Mendoza, de 28 años, la noche de este lunes 29 de diciembre, en la vía que comunica a Yopal con la vereda La Unión, confirmaron las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta FZ de placas SGP-19D cuando, al parecer, perdió el control del vehículo en una curva y terminó saliéndose de la calzada. El impacto le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos.
Las autoridades indicaron que Grimaldos Mendoza figuraba en las bases de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) con varias anotaciones judiciales. El caso es materia de investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente.
Con este hecho, la siniestralidad vial en Yopal continúa en aumento, pues a pocas horas de finalizar el año 2025 ya se contabilizan 74 personas fallecidas en accidentes de tránsito, una cifra que genera preocupación entre las autoridades y reitera el llamado a la prudencia y al respeto por las normas de tránsito.
