META
Confirman condena contra responsable por caída de puente colgante en Villavicencio
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio confirmó, en segunda instancia, el fallo emitido en julio pasado por el Juzgado 4° Penal del Circuito que condenó a Adriana Milena Díaz Jaimes por el delito de homicidio culposo.
La mujer fue encontrada responsable por los hechos ocurridos el 9 de enero de 2017 cuando un puente colgante, ubicado en la finca La Esmeralda, vereda El Carmen de Villavicencio (Meta), colapsó causando la muerte de cinco adultos y cuatro menores de edad.
El Tribunal coincidió con la tesis de la Fiscalía acerca de la obligación de la procesada respecto de la seguridad y mantenimiento que debía tener para evitar accidentes con los turistas que visitaban la zona y que cruzaban por estructuras como la afectada.
Para el magistrado fue claro que la mujer debía garantizar la seguridad de los visitantes pues se demostró que era propietaria y administradora del lugar. En ese sentido se afirmó que la sentenciada omitió su deber de cumplir con el “mantenimiento, lubricación, revisión y verificación de la estructura colgante para evitar su deterioro, dado que estaba expuesto en forma permanente al ambiente sin ningún tipo de protección”.
Las otras dos personas procesadas por estos hechos: Manuel Antonio Díaz Ardila, padre de la hoy condenada; y Carlos Eduardo Camargo Tarache, compañero sentimental de ella, fueron absueltos, tal como lo había dispuesto el juez en primera instancia.
Díaz Jaimes fue condena de 4 años y 16 días de prisión (50 meses). La pena deberá cumplirla en su domicilio y deberá pagar una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
