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Confirman condena contra responsable por caída de puente colgante en Villavicencio

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La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio confirmó, en segunda instancia, el fallo emitido en julio pasado por el Juzgado 4° Penal del Circuito que condenó a Adriana Milena Díaz Jaimes por el delito de homicidio culposo.

La mujer fue encontrada responsable por los hechos ocurridos el 9 de enero de 2017 cuando un puente colgante, ubicado en la finca La Esmeralda, vereda El Carmen de Villavicencio (Meta), colapsó causando la muerte de cinco adultos y cuatro menores de edad.

El Tribunal coincidió con la tesis de la Fiscalía acerca de la obligación de la procesada respecto de la seguridad y mantenimiento que debía tener para evitar accidentes con los turistas que visitaban la zona y que cruzaban por estructuras como la afectada.

Para el magistrado fue claro que la mujer debía garantizar la seguridad de los visitantes pues se demostró que era propietaria y administradora del lugar. En ese sentido se afirmó que la sentenciada omitió su deber de cumplir con el “mantenimiento, lubricación, revisión y verificación de la estructura colgante para evitar su deterioro, dado que estaba expuesto en forma permanente al ambiente sin ningún tipo de protección”.

Las otras dos personas procesadas por estos hechos: Manuel Antonio Díaz Ardila, padre de la hoy condenada; y Carlos Eduardo Camargo Tarache, compañero sentimental de ella, fueron absueltos, tal como lo había dispuesto el juez en primera instancia.

Díaz Jaimes fue condena de 4 años y 16 días de prisión (50 meses). La pena deberá cumplirla en su domicilio y deberá pagar una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.

Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.

El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.

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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.

Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.

Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.

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