CASANARE
Confirman acusación contra dos exfuncionarios de Perenco por presunta financiación de grupos paramilitares
Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la resolución de acusación en contra del exgerente de distrito de la petrolera Perenco, Antenor Sarmiento Delgado; y del exsupervisor de tierras de la misma compañía, Ramiro Pinzón Suárez, como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir agravado, conducta punible que fue declarada de lesa humanidad.
De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal del Grupo de Compulsas de la Dirección de Justicia Transicional, los exdirectivos habrían intervenido en reuniones y acuerdos, o servido de intermediarios con integrantes del frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros y de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare.
La Fiscalía indica que son señalados de intervenir en reuniones y acuerdos con integrantes del frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros y con las Autodefensas Campesinas del Casanare, para proveerlos de dinero, combustible, transporte y alimentos, a cambio de seguridad para los pozos petroleros.
Al parecer, estos contactos ilícitos se mantuvieron entre 1996 y 2005, y tendrían como propósito convenir, garantizar y asegurar un aporte mensual de la compañía, de dinero, combustible, alimentación y transporte, a cambio de un servicio de seguridad que ofrecían las estructuras armadas ilegales en los pozos de extracción de crudo.
Este proceso se sigue bajo la ritualidad de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Procesal Penal).
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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