La Contraloría General de la República confirmó y dejo en firme un fallo con responsabilidad fiscal por un monto indexado de $2.822 millones de pesos en contra de la exgobernadora de Casanare Martha Inés Gonfrier Sarmiento, la ex directora de la Oficina de Vivienda Departamental, Jenny Consuelo Barrera; y las firmas C.I. Desarrollo Territorial S.A. y Corporación de Proyectos G.P. Corporation.

El fallo se origina en la pérdida de recursos correspondientes a regalías petroleras del Departamento de Casanare, destinados para subsidiar la construcción de 306 viviendas, a través del Proyecto de Vivienda de Interés Social Torres de Santo Domingo, en el municipio de Yopal.

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, confirmó íntegramente el fallo de primera instancia del 1 de septiembre de 2017, proferido la Contraloría Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

El fallo cobija la responsabilidad fiscal solidaria de la exgobernadora Martha Inés Gonfrier Sarmiento, y de la Directora de la Oficina de Vivienda del departamento para el momento de los hechos, Jenny Consuelo Barrera, E igualmente de las firmas C.I. Desarrollo Territorial S.A. representada por Julián David Rendón Montoya, en calidad de cogestor contratista, y de la Corporación Gerencia de Proyectos G.P. Corporation, representada por Raúl Antonio Granados Rojas, como firma interventora.

Hechos investigados y responsables

Los hechos  investigados se relacionan directamente con la ejecución  del Convenio Nº. 0082 de 2010, celebrado el 26 de noviembre de 2010 por la Gobernación de Casanare con la empresa C.I.DESARROLLO TERRITORIAL S.A. y  la Junta de Vivienda  Santo Domingo, por valor de $9.998 millones, de los cuales $4.560 millones fueron transferidos por la Gobernación con el objeto de subsidiar la construcción de estas viviendas de interés social en la capital de Casanare.

En cumplimiento del convenio, el Departamento giró los recursos ($ 4.560 millones) a la cuenta de manejo especial N° 220-252-15495-0 del Banco Popular. El 2 de noviembre de 2011, se autorizó con la firma, entre otras, de la Directora de la Oficina de Vivienda del departamento, Jenny Consuelo Barrera, la transferencia de $2.280 millones) a la cuenta 25211028-0 abierta en el mismo banco a nombre de  la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, como anticipo del mencionado convenio.

Finalmente, los $2.280 millones no fueron invertidos por la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, en el objeto contractual acordado, situación que no fue advertida  por  la interventoría contratada para tal fin por la Gobernación (la Corporación Gerencia  de Proyectos G.P. Corporation), por lo que se perdieron los dineros entregados como anticipo, provenientes de las regalías petroleras y pertenecientes al erario.

Fuente: Prensa Contraloría General de la República