CASANARE
Contraloría General condenó a exgobernadora de Casanare, Martha Gonfrier
La Contraloría General de la República confirmó y dejo en firme un fallo con responsabilidad fiscal por un monto indexado de $2.822 millones de pesos en contra de la exgobernadora de Casanare Martha Inés Gonfrier Sarmiento, la ex directora de la Oficina de Vivienda Departamental, Jenny Consuelo Barrera; y las firmas C.I. Desarrollo Territorial S.A. y Corporación de Proyectos G.P. Corporation.
El fallo se origina en la pérdida de recursos correspondientes a regalías petroleras del Departamento de Casanare, destinados para subsidiar la construcción de 306 viviendas, a través del Proyecto de Vivienda de Interés Social Torres de Santo Domingo, en el municipio de Yopal.
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, confirmó íntegramente el fallo de primera instancia del 1 de septiembre de 2017, proferido la Contraloría Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
El fallo cobija la responsabilidad fiscal solidaria de la exgobernadora Martha Inés Gonfrier Sarmiento, y de la Directora de la Oficina de Vivienda del departamento para el momento de los hechos, Jenny Consuelo Barrera, E igualmente de las firmas C.I. Desarrollo Territorial S.A. representada por Julián David Rendón Montoya, en calidad de cogestor contratista, y de la Corporación Gerencia de Proyectos G.P. Corporation, representada por Raúl Antonio Granados Rojas, como firma interventora.
Hechos investigados y responsables
Los hechos investigados se relacionan directamente con la ejecución del Convenio Nº. 0082 de 2010, celebrado el 26 de noviembre de 2010 por la Gobernación de Casanare con la empresa C.I.DESARROLLO TERRITORIAL S.A. y la Junta de Vivienda Santo Domingo, por valor de $9.998 millones, de los cuales $4.560 millones fueron transferidos por la Gobernación con el objeto de subsidiar la construcción de estas viviendas de interés social en la capital de Casanare.
En cumplimiento del convenio, el Departamento giró los recursos ($ 4.560 millones) a la cuenta de manejo especial N° 220-252-15495-0 del Banco Popular. El 2 de noviembre de 2011, se autorizó con la firma, entre otras, de la Directora de la Oficina de Vivienda del departamento, Jenny Consuelo Barrera, la transferencia de $2.280 millones) a la cuenta 25211028-0 abierta en el mismo banco a nombre de la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, como anticipo del mencionado convenio.
Finalmente, los $2.280 millones no fueron invertidos por la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, en el objeto contractual acordado, situación que no fue advertida por la interventoría contratada para tal fin por la Gobernación (la Corporación Gerencia de Proyectos G.P. Corporation), por lo que se perdieron los dineros entregados como anticipo, provenientes de las regalías petroleras y pertenecientes al erario.
Fuente: Prensa Contraloría General de la República
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
