CASANARE
Contraloría General condenó a exgobernadora de Casanare, Martha Gonfrier
La Contraloría General de la República confirmó y dejo en firme un fallo con responsabilidad fiscal por un monto indexado de $2.822 millones de pesos en contra de la exgobernadora de Casanare Martha Inés Gonfrier Sarmiento, la ex directora de la Oficina de Vivienda Departamental, Jenny Consuelo Barrera; y las firmas C.I. Desarrollo Territorial S.A. y Corporación de Proyectos G.P. Corporation.
El fallo se origina en la pérdida de recursos correspondientes a regalías petroleras del Departamento de Casanare, destinados para subsidiar la construcción de 306 viviendas, a través del Proyecto de Vivienda de Interés Social Torres de Santo Domingo, en el municipio de Yopal.
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, confirmó íntegramente el fallo de primera instancia del 1 de septiembre de 2017, proferido la Contraloría Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
El fallo cobija la responsabilidad fiscal solidaria de la exgobernadora Martha Inés Gonfrier Sarmiento, y de la Directora de la Oficina de Vivienda del departamento para el momento de los hechos, Jenny Consuelo Barrera, E igualmente de las firmas C.I. Desarrollo Territorial S.A. representada por Julián David Rendón Montoya, en calidad de cogestor contratista, y de la Corporación Gerencia de Proyectos G.P. Corporation, representada por Raúl Antonio Granados Rojas, como firma interventora.
Hechos investigados y responsables
Los hechos investigados se relacionan directamente con la ejecución del Convenio Nº. 0082 de 2010, celebrado el 26 de noviembre de 2010 por la Gobernación de Casanare con la empresa C.I.DESARROLLO TERRITORIAL S.A. y la Junta de Vivienda Santo Domingo, por valor de $9.998 millones, de los cuales $4.560 millones fueron transferidos por la Gobernación con el objeto de subsidiar la construcción de estas viviendas de interés social en la capital de Casanare.
En cumplimiento del convenio, el Departamento giró los recursos ($ 4.560 millones) a la cuenta de manejo especial N° 220-252-15495-0 del Banco Popular. El 2 de noviembre de 2011, se autorizó con la firma, entre otras, de la Directora de la Oficina de Vivienda del departamento, Jenny Consuelo Barrera, la transferencia de $2.280 millones) a la cuenta 25211028-0 abierta en el mismo banco a nombre de la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, como anticipo del mencionado convenio.
Finalmente, los $2.280 millones no fueron invertidos por la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, en el objeto contractual acordado, situación que no fue advertida por la interventoría contratada para tal fin por la Gobernación (la Corporación Gerencia de Proyectos G.P. Corporation), por lo que se perdieron los dineros entregados como anticipo, provenientes de las regalías petroleras y pertenecientes al erario.
Fuente: Prensa Contraloría General de la República
La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que en el departamento de Casanare fueron designados un total de 7.548 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, de los cuales 6.108 son principales y 1.440 son remanentes.
Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.
Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta jurado de votación’.
Además, allí se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación. Es importante reiterar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar sus funciones o las abandonen podrán ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.
CASANARE
Colegio Braulio González de Yopal recibe 16 computadores para fortalecer su sala de sistemas
La Institución Educativa Braulio González de Yopal recibió 16 computadores para apoyar los procesos académicos y el acceso a herramientas tecnológicas de sus estudiantes. La entrega fue gestionada por la Secretaría de Educación de Yopal, el Club Rotario Yopal y la empresa Linalca Informática.
La donación se concretó luego de que la secretaria de Educación, Carmenza Motta Rodríguez, expusiera la necesidad tecnológica del plantel. El Club Rotario Yopal adelantó gestiones con Linalca Informática en Bogotá para obtener los equipos.
El rector Jaime Rincón indicó que la institución ha tenido déficit de computadores en la última década, con una relación de un equipo por cada 30 estudiantes. Señaló que los nuevos equipos permitirán adecuar una sala de sistemas para uso de la comunidad educativa.
Estudiantes manifestaron que anteriormente las clases dependían del computador del docente y de algunos celulares. Con los nuevos equipos, tendrán acceso a programas y herramientas digitales para sus actividades. La Secretaría de Educación destacó que la entrega beneficiará a los estudiantes del plantel.
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz Riaño, participó en una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación de Casanare, donde se hizo seguimiento al proceso de empalme entre el IGAC y CATASIG.
Durante la jornada se revisaron aspectos técnicos, administrativos y operativos relacionados con la transición del servicio público catastral, que avanza según el cronograma establecido. También se analizaron alternativas frente al impuesto predial y posibles medidas de alivio para la comunidad.
El alcalde señaló que el trabajo conjunto con entidades nacionales y departamentales busca garantizar el desarrollo del proceso y brindar claridad a los contribuyentes sobre los cambios en materia catastral y predial.
En el encuentro se acordó el acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio de Hacienda. Además, participaron veedores ciudadanos y líderes sociales en el seguimiento a las acciones relacionadas con el proceso en el municipio.
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