CASANARE
Contraloría General condenó a exgobernadora de Casanare, Martha Gonfrier
La Contraloría General de la República confirmó y dejo en firme un fallo con responsabilidad fiscal por un monto indexado de $2.822 millones de pesos en contra de la exgobernadora de Casanare Martha Inés Gonfrier Sarmiento, la ex directora de la Oficina de Vivienda Departamental, Jenny Consuelo Barrera; y las firmas C.I. Desarrollo Territorial S.A. y Corporación de Proyectos G.P. Corporation.
El fallo se origina en la pérdida de recursos correspondientes a regalías petroleras del Departamento de Casanare, destinados para subsidiar la construcción de 306 viviendas, a través del Proyecto de Vivienda de Interés Social Torres de Santo Domingo, en el municipio de Yopal.
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, confirmó íntegramente el fallo de primera instancia del 1 de septiembre de 2017, proferido la Contraloría Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
El fallo cobija la responsabilidad fiscal solidaria de la exgobernadora Martha Inés Gonfrier Sarmiento, y de la Directora de la Oficina de Vivienda del departamento para el momento de los hechos, Jenny Consuelo Barrera, E igualmente de las firmas C.I. Desarrollo Territorial S.A. representada por Julián David Rendón Montoya, en calidad de cogestor contratista, y de la Corporación Gerencia de Proyectos G.P. Corporation, representada por Raúl Antonio Granados Rojas, como firma interventora.
Hechos investigados y responsables
Los hechos investigados se relacionan directamente con la ejecución del Convenio Nº. 0082 de 2010, celebrado el 26 de noviembre de 2010 por la Gobernación de Casanare con la empresa C.I.DESARROLLO TERRITORIAL S.A. y la Junta de Vivienda Santo Domingo, por valor de $9.998 millones, de los cuales $4.560 millones fueron transferidos por la Gobernación con el objeto de subsidiar la construcción de estas viviendas de interés social en la capital de Casanare.
En cumplimiento del convenio, el Departamento giró los recursos ($ 4.560 millones) a la cuenta de manejo especial N° 220-252-15495-0 del Banco Popular. El 2 de noviembre de 2011, se autorizó con la firma, entre otras, de la Directora de la Oficina de Vivienda del departamento, Jenny Consuelo Barrera, la transferencia de $2.280 millones) a la cuenta 25211028-0 abierta en el mismo banco a nombre de la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, como anticipo del mencionado convenio.
Finalmente, los $2.280 millones no fueron invertidos por la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, en el objeto contractual acordado, situación que no fue advertida por la interventoría contratada para tal fin por la Gobernación (la Corporación Gerencia de Proyectos G.P. Corporation), por lo que se perdieron los dineros entregados como anticipo, provenientes de las regalías petroleras y pertenecientes al erario.
Fuente: Prensa Contraloría General de la República
Un profundo pesar embarga a la ciudad de Yopal tras la muerte del ingeniero Javier Vergara Mariño, quien perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este domingo 24 de mayo sobre la vía Marginal del Llano, frente a la sede de Medicina Lega. El profesional se movilizaba en un vehículo Volkswagen de placas RGP605, que colisionó de frente contra un camión en circunstancias que son materia de investigación.
De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, una posible invasión de carril habría originado el choque, y se considera que el conductor del automóvil pudo haber sufrido un microsueño segundos antes del impacto. No obstante, serán los organismos judiciales y de tránsito los encargados de esclarecer con exactitud las causas de este lamentable hecho.
Vergara Mariño, de 56 años, natural del municipio de Maní, era ampliamente reconocido en el departamento por su trayectoria en el sector de infraestructura. Actualmente se desempeñaba como Director de Construcciones de la Secretaría de Infraestructura de Yopal, donde dejó huella por su compromiso, liderazgo y vocación de servicio en proyectos clave para el desarrollo de la ciudad.
Compañeros de trabajo, amigos y allegados han expresado su consternación por la repentina partida de quien describen como un profesional íntegro, solidario y siempre dispuesto a servir. Padre de dos menores de edad, su fallecimiento no solo enluta a su familia, sino también a la Alcaldía de Yopal, donde hoy se le recuerda con respeto, gratitud y profundo dolor.
Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de conocimiento condenara a 16 años de prisión a Andrés Felipe Pérez Rubio, alias Riosucio, responsable del delito de hurto calificado y agravado en Yopal.
Los hechos por los que finalmente fue condenado este peligroso delincuente, ocurrieron el 23 de marzo de 2024, cuando este hombre se movilizaba como parrillero en una motocicleta en una vía pública del barrio Villa Rocío de Yopal, en ese momento abordó e intimidó a la víctima para hurtarle una camándula de oro avaluada en más de 8 millones de pesos.
Perpetrado el robo, salió corriendo hacia la moto que lo esperaba y huyó, pero una paciente investigación y seguimiento de cámaras de seguridad, permitió demostrar su autoría en este delito. Adicionalmente, Pérez Rubio fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
En su decisión el juez negó cualquier beneficio y la condena deberá ser cumplida en centro penitenciario. Esta sentencia es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley, informó la Fiscalía.
La Secretaría de Salud departamental de Casanare, en coordinación con el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) y el Fondo Rotatorio de Estupefacientes (FRE) de Casanare, ha intensificado las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para asegurar la seguridad sanitaria en el departamento.
Estas jornadas de fiscalización se han centrado en los municipios de Yopal y Villanueva, dirigidas a establecimientos de la red de distribución y dispensación de medicamentos, incluyendo gestores farmacéuticos, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), depósitos y clínicas veterinarias.
Durante las visitas, equipos técnicos verificaron el estricto cumplimiento de la normativa vigente aplicable a los medicamentos de control especial y de monopolio del Estado. Como resultado, se aplicaron 8 medidas sanitarias de seguridad, consistentes en la suspensión temporal de servicios relacionados con la distribución y dispensación de estos fármacos, debido a hallazgos de irregularidades.
El objetivo principal de estas intervenciones es prevenir el uso inadecuado de sustancias controladas, proteger la salud pública y asegurar que todos los establecimientos autorizados operen bajo criterios de legalidad, responsabilidad y rigor técnico.
En una mesa técnica con Capresoca EPS, se enfatizó la importancia de que la red prestadora, y en particular sus gestores farmacéuticos, cuenten con la autorización de funcionamiento vigente expedida por el Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría de Salud de Casanare.
El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar que cada medicamento de control especial que llega a los pacientes en Casanare sea manejado de forma segura, responsable y conforme a la normatividad sanitaria vigente.
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