CASANARE
Condenan al Estado por lesiones de un auxiliar de policía durante hostigamiento en Casanare
En decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Yopal proferida el 17 de enero de 2019, mediante la cual se condenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, a responder por las lesiones sufridas por un auxiliar de policía, durante un hostigamiento de la guerrilla en el municipio de La Salina, el 17 de septiembre de 2011.
Para la época de los hechos, el auxiliar de policía Edwin Javier Echeverry Bermúdez se encontraba prestando su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, y fue designado como guardia en la garita Nariño en el municipio de La Salina, y resultó lesionado durante un hostigamiento de la guerrilla, por lo que demandó al Estado mediante una Acción de Reparación Directa.
El 17 de enero de 2019 el Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró responsables a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional por las lesiones ocasionadas al mencionado auxiliar de policía como víctima directa y sus familiares.
Consideró en su decisión el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que la asignación de la función de centinela para el auxiliar Echeverry Bermúdez por parte de la Policía Nacional lo expuso generando un riesgo propio, por cuanto esa zona por muchos años fue “zona roja, de orden público difícil”.
Según el Tribunal Médico Laboral, el auxiliar de policía por sus lesiones perdió un 37,83% de su capacidad laboral, por lo que se le ocasionaron perjuicios morales y lesiones de carácter permanente parcial.
La Policía Nacional apeló la decisión del Juzgado Primero Administrativo, pidiendo que se revocara la sentencia, argumentando que no existían pruebas que determinaran que el auxiliar de policía hubiese sido afectado socialmente por la lesión que sufrió, por lo tanto no había daño a la vida, ni medios probatorios que acreditaran responsabilidad de la entidad.
Analizados los documentos y material probatorio existente, el Tribunal Administrativo de Casanare ratificó la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Yopal, por lo tanto el Estado a través de las entidades demandadas deberá responder a la víctima y sus familiares, por las lesiones y secuelas ya descritas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Capresoca EPS informa a sus usuarios que se encuentran garantizados los servicios de mediana y alta complejidad contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), a través de Contrato suscrito con el Hospital Regional de la Orinoquía – HORO.
Con la firma de este contrato, más de 160 mil afiliados de los 19 municipios del departamento de Casanare cuentan con cobertura para el acceso a servicios de salud de segundo nivel de complejidad, conforme a la capacidad instalada y los servicios debidamente habilitados por el prestador, de acuerdo con la normatividad vigente.
La población afiliada a Capresoca EPS puede acceder a consultas especializadas, ayudas diagnósticas, servicios de laboratorio clínico y procedimientos médicos y quirúrgicos de segundo nivel de complejidad, incluidos únicamente dentro del portafolio de servicios habilitado ante la autoridad sanitaria competente, ratificando el compromiso de la entidad con la cobertura, oportunidad y calidad en la atención en salud.
Se invita a los usuarios a realizar el agendamiento de sus consultas y procedimientos, comunicándose al número de contacto habilitado por el Hospital Regional de la Orinoquía: 300913 26 63.
“Desde Capresoca EPS avanzamos en la consolidación de una red integral que responda a las necesidades en salud de nuestros afiliados. Muestra de ello, es que estamos garantizando los servicios de mediana complejidad con la red pública, dando continuidad a la atención médica”, expresó Betty Cecilia Anaya Nieto, Agente Especial Interventora.
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
