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Condenan al Estado por lesiones de un auxiliar de policía durante hostigamiento en Casanare

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En decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Yopal proferida el 17 de enero de 2019, mediante la cual se condenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, a responder por las lesiones sufridas por un auxiliar de policía, durante un hostigamiento de la guerrilla en el municipio de La Salina, el 17 de septiembre de 2011.

Para la época de los hechos, el auxiliar de policía Edwin Javier Echeverry Bermúdez se encontraba prestando su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, y fue designado como guardia en la garita Nariño en el municipio de La Salina, y resultó lesionado durante un hostigamiento de la guerrilla, por lo que demandó al Estado mediante una Acción de Reparación Directa.

El 17 de enero de 2019 el Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró responsables a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional por las lesiones ocasionadas al mencionado auxiliar de policía como víctima directa y sus familiares.

Consideró en su decisión el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que la asignación de la función de centinela para el auxiliar Echeverry Bermúdez por parte de la Policía Nacional lo expuso generando un riesgo propio, por cuanto esa zona por muchos años fue “zona roja, de orden público difícil”.

Según el Tribunal Médico Laboral, el auxiliar de policía por sus lesiones perdió un 37,83% de su capacidad laboral, por lo que se le ocasionaron perjuicios morales y lesiones de carácter permanente parcial.

La Policía Nacional apeló la decisión del Juzgado Primero Administrativo, pidiendo que se revocara la sentencia, argumentando que no existían pruebas que determinaran que el auxiliar de policía hubiese sido afectado socialmente por la lesión que sufrió, por lo tanto no había daño a la vida, ni medios probatorios que acreditaran responsabilidad de la entidad.

Analizados los documentos y material probatorio existente, el Tribunal Administrativo de Casanare ratificó la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Yopal, por lo tanto el Estado a través de las entidades demandadas deberá responder a la víctima y sus familiares, por las lesiones y secuelas ya descritas.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Casanare inicia año lectivo con clases desde el 26 de enero y canasta educativa garantizada

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El año lectivo 2026 en Casanare iniciará con una agenda clara enfocada en el mejoramiento continuo de la calidad educativa y en el fortalecimiento de todo el ciclo formativo, desde la educación inicial hasta el tránsito a la educación superior. Así lo confirmó el secretario de Educación Departamental, Diego Ardila Plazas, al destacar que este propósito responde al mandato del gobernador César Ortiz Zorro de consolidar una educación integral y con mayores oportunidades para los estudiantes del departamento.

De acuerdo con el calendario escolar, los docentes regresarán a las instituciones educativas este martes 13 de enero para cumplir con las semanas institucionales y adelantar los procesos de planeación académica. Entre tanto, el 26 de enero comenzará oficialmente el calendario escolar para los estudiantes de los 18 municipios no certificados de Casanare, marcando el inicio de las clases en todas las sedes educativas oficiales.

El secretario informó que el departamento cuenta con la canasta educativa asegurada para esta vigencia. En diciembre de 2025 fue adjudicado el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficiará a más de 15 mil estudiantes, así como la estrategia de residencias escolares, ambos en proceso de alistamiento para iniciar de manera oportuna. Además, el servicio de transporte escolar continúa garantizado mediante un contrato vigente desde septiembre de 2025 hasta mediados de 2026.

Finalmente, Ardila Plazas hizo un llamado a padres de familia, acudientes y alcaldes municipales a sumarse a la “matriculatón”, una estrategia que busca evitar que niños, niñas y jóvenes queden por fuera del sistema educativo. El objetivo es lograr una matrícula estable desde el inicio de febrero y avanzar, de manera paralela, en la articulación con la educación superior, para facilitar el acceso de los estudiantes casanareños a la universidad, uno de los principales sueños de la comunidad educativa del departamento.

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Accidente en la Marginal del Llano deja una motociclista fallecida en Paz de Ariporo

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Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de un siniestro vial que dejó una mujer fallecida, ocurrido en la vía Marginal del Llano, al norte de Casanare, más exactamente a la salida del municipio de Paz de Ariporo hacia Pore.

De manera preliminar, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía señaló como hipótesis que el conductor de un microbús afiliado a la empresa Libertadores no habría conservado la distancia de seguridad, mientras que en el caso de la motocicleta se analiza una posible impericia en la conducción.

El hecho se registró el pasado domingo 11 de enero de 2026, hacia la 1:30 de la tarde, en el kilómetro 89+200 de esta importante arteria vial, en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo. El choque involucró un busetón de placas SSR-570, y una motocicleta identificada con la placa RRX51G.

De acuerdo con el informe oficial, ambos vehículos se desplazaban en sentido Paz de Ariporo – Yopal cuando, al parecer, la conductora de la motocicleta realizó un cambio repentino de carril, situación que habría desencadenado el impacto.

Como consecuencia del fuerte choque, Bertha Leticia Guerrero, quien conducía la motocicleta, falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de investigación y determinación de responsabilidades.

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Personería de Pore se pronunció por parálisis en la construcción de la Plaza de Mercado

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La Personería Municipal de Pore dio a conocer e informó a la Contraloría General de la República, los resultados de una mesa de trabajo adelantada para analizar la crítica situación de las obras de construcción de la plaza de mercado, las cuales permanecen paralizadas pese al tiempo transcurrido desde su inicio. La mesa de trabajo, realizada con participación del contratista, la interventoría, la supervisión del contrato y concejales del municipio, evidenció serias falencias en la ejecución del proyecto y riesgos para los recursos públicos invertidos.

Según lo expuesto, la obra, contratada en 2023 y financiada con recursos del Sistema General de Participaciones y un crédito bancario, presenta un avance físico de apenas el 43 %, luego de más de 27 meses desde su acta de inicio. Aunque el contrato tenía un plazo inicial de seis meses y ha contado con prórrogas, suspensiones y un reinicio en julio de 2025, los avances recientes han sido mínimos, situación que genera preocupación por el posible incumplimiento del nuevo plazo, fijado para febrero de 2026.

Durante la mesa de trabajo se concluyó que una de las principales causas de la parálisis es la falta de autorización del Ministerio de Cultura para las modificaciones contractuales realizadas en 2024, requisito indispensable por tratarse de una obra ubicada en zona declarada patrimonio histórico y cultural. La Personería advirtió una débil gestión por parte del contratista, quien no ha entregado oportunamente los informes técnicos necesarios para dicho trámite, mientras que la interventoría y la supervisión señalaron que existen actividades no sujetas a esa autorización que deberían ejecutarse para evitar el deterioro de la estructura ya construida.

El organismo de control alertó sobre este proyecto, teniendo en cuenta que el mismo se financia con un crédito del cual ya se han desembolsado recursos, se han pagado actas parciales al contratista y se han realizado abonos a capital e intereses a la entidad bancaria, sin que la obra esté al servicio de la comunidad.

La Personería anunció que continuará ejerciendo seguimiento estricto como veedora del tesoro público, y no descarta remitir informes a las autoridades competentes para que se adelanten las acciones fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar.

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