META
Condenan a médico señalado de agredir sexualmente a varias pacientes en el Meta
Un Fiscal adscrito al Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual Caivas de la seccional Meta, logró que la sala de decisión penal número 2 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, revocara la absolución en contra del médico Johan Arnobi Salgado Vela y lo condenara a la pena de 22 años de prisión como responsable del delito de acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo con incapaz de resistir ambos delitos agravados.
Según la decisión del tribunal, el profesional de la salud, quien laboraba para medicina legal en Villavicencio, es responsable de cometer varias agresiones sexuales contra mujeres que en su momento denunciaron los hechos, entre ellas, una menor de 13 años para la fecha de los hechos que se presentaron en febrero 2017.
La menor, quien acudió a las instalaciones de medicina legal en la capital del Meta, para que se le practicaran los exámenes por una presunta violación, denunció en su momento que cuando ingresó al consultorio de Salgado Vela, éste la violentó haciendo prácticas de connotación sexual, por lo que ella le solicitó a su progenitora que se fueran de ese lugar.
Otro caso que se denunció fue el de una mujer en condición de imposibilidad de resistir, quien acudió a una IPS donde también laboraba el hoy condenado, y según las investigaciones fue accedida carnalmente.
Luego de que la Fiscalía y las víctimas apelaran la absolución que profirió un juez de Villavicencio el 23 de abril del 2021, el Tribunal conoció el caso y luego de revisar cada una de las pruebas presentadas por el ente acusador, llegó a la conclusión de que el médico Johan Arnobi Salgado Vela, es responsable de los delitos imputados, deberá pagar su condena en un centro carcelario, por lo que libró orden de captura inmediata en su contra.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
