META
Condenados responsables de feminicidio y homicidios en el Meta
La Fiscalía General de la Nación obtuvo, en los últimos días, una condena por feminicidio y dos más por homicidio, en el marco de las investigaciones adelantadas por hechos aislados ocurridos entre los años 2018 y 2020 en los municipios de Granada, Cumaral y Vistahermosa.
En los tres casos, la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados por los investigadores llevaron a los procesados a aceptar su responsabilidad.
Los casos
Milton David Belalcázar Navas, de 22 años, fue condenado a 31 años y 3 meses de prisión, tras ser encontrado responsable del feminicidio agravado de su compañera sentimental.
La investigación se derivó de los hechos acaecidos en enero de 2020 en el barrio Paraíso Bajo de Granada (Meta), donde el hombre, mediante asfixia mecánica, le quitó la vida a su pareja, con quien convivió durante 5 años. La condena fue apelada.
Michell Santiago Quintana Quiñonez fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Villavicencio a 12 años y 8 meses de prisión, como autor del homicidio simple de Luis Alfredo Tisoy.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2020 en la vereda Guacavía de Cumaral (Meta). Labores de policía judicial evidenciaron que tras consumir bebidas embriagantes Quintana inició una pelea con varias personas e hirió a una de ellas con arma de fuego. La víctima murió por la gravedad de las heridas. Este fallo quedó en firme.
Romel Rubiel Betancourt Gómez fue sentenciado a 20 años de prisión por el Juzgado Penal de Circuito de San Martín (Meta), luego de hallarlo culpable de homicidio agravado.
De acuerdo con lo establecido, en septiembre de 2018 en la vereda Caño Ánimas de Vistahermosa (Meta), el hoy condenado, junto con otra persona, agredió con un machete a la víctima mientras dormía. Esta decisión quedó en firme.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
