CASANARE
Concejo de Yopal autorizó al Alcalde para que suprima y liquide CEIBA
Con 12 votos positivos, el Concejo Municipal de Yopal aprobó en plenaria el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde Leonardo Puentes Vargas, a suprimir la Empresa Industrial y Comercial del Estado CEIBA, y a realizar las acciones necesarias para su liquidación.
La iniciativa presentada por el mandatario seccional fue acompañada por los concejales Heyder Alexander Silva, Alexander García, Cristián Rodrigo Pérez, Roland Wilchez, Epaminondas Córdoba, Mayerly Muñoz, Pedro Guillermo Torres, Fabio Suárez, Fabio Castro, Ana Torres, Juan Vicente Nieves y Julián Fonseca.
“Yo no puedo desconocer que para mí este es un momento satisfactorio, siento que se cierra un ciclo largo de casi cuatro años de una de las luchas que emprendimos y que hoy se materializa con una decisión que agradecemos al Concejo Municipal, por darle la oportunidad a la ciudad de retomar el manejo de unos servicios públicos que son estratégicos, muy importantes para el municipio”, expresó el alcalde Leonardo Puentes, tras la aprobación del Proyecto de Acuerdo.
Agregó el Alcalde que esta decisión permite avanzar y tomar las decisiones que el municipio debió haber tomado hace mucho tiempo, pero que “por el camino se enredaron y entraron en este tortuoso ciclo que significó Ceiba”.
Una vez dada la autorización por el Concejo Municipal, le corresponde al Alcalde emitir un Decreto mediante el cual formalmente se ordenará abrir e iniciar el proceso de liquidación de la EICE como entidad u organización empresarial; para lo cual cuenta con un lapso de hasta cuatro meses.
¿Administración de las unidades de negocio?
“Los servicios públicos que ya venían en un proceso de transición, como nos lo ordenó el Tribunal Administrativo de Casanare, seguirán siendo administrados directamente por la Administración Municipal, y tenemos que volver al Concejo a llevarle las propuestas formales de lo que hemos venido planteando como alternativas de administración”, puntualizó el Alcalde.
En ese orden de ideas, indicó el burgomaestre que unidades de negocio como la Planta de Beneficio Animal (PBA) y el Parque Cementerio serán administradas por la Administración Municipal, a cargo de las Secretarías de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo y de Gobierno, respectivamente.
De otro lado, serán presentados a la Corporación Municipal dos Proyectos de Acuerdo para su estudio y posterior aprobación; el primero, busca que el Concejo autorice la conformación de la sociedad de carácter público que debe hacerse cargo de la administración del Terminal de Transportes, para comenzar su proceso de homologación, a la par con las inversiones que se han venido proyectando y que ya se solicitaron a la Gobernación de Casanare, que contemplan su adecuación física y remodelación.
La segunda iniciativa tiene como propósito que se apruebe que la administración del servicio de alumbrado público esté a cargo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY).
“Nosotros persistimos en que la ciudad pueda darse la oportunidad de llevar este servicio a la EAAAY, es la alternativa que vemos como primera opción; la cual esperamos que el Concejo evalué, para que quede completamente despejada la discusión jurídica”, indicó el Alcalde.
Respecto a la necesidad de liquidar la EICE, el Alcalde fue enfático al señalar que existen desde su constitución visiones de legalidad insubsanables, que no pueden ser resarcidos por la Administración. Sumado a ello, “la empresa no es viable financieramente, situación que se pone al descubierto porque tres de las unidades de negocio que están bajo su administración terminaron soportadas por el alumbrado público, lo cual es abiertamente ilegal; porque los recursos de este servicio tienen una destinación que está regulada y no pueden irse a una misma bolsa”.
Frente al personal vinculado a Ceiba, el mandatario manifestó que “se va a iniciar el proceso sustitución patronal, conforme a la ley, para garantizar sus derechos laborales y de acuerdo a las actividades y conforme a las modalidades de vinculación de cada uno de ellos, se procederá a trasladarlos a las dependencias de la Administración Municipal o de la EAAAY, a donde corresponda”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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