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Concejo de Yopal autorizó al Alcalde para que suprima y liquide CEIBA

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PLENARIA CEIBA

Con 12 votos positivos, el Concejo Municipal de Yopal aprobó en plenaria el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde Leonardo Puentes Vargas, a suprimir la Empresa Industrial y Comercial del Estado CEIBA, y a realizar las acciones necesarias para su liquidación.

La iniciativa presentada por el mandatario seccional fue acompañada por los concejales Heyder Alexander Silva, Alexander García, Cristián Rodrigo Pérez, Roland Wilchez, Epaminondas Córdoba, Mayerly Muñoz, Pedro Guillermo Torres, Fabio Suárez, Fabio Castro, Ana Torres, Juan Vicente Nieves y Julián Fonseca.

“Yo no puedo desconocer que para mí este es un momento satisfactorio, siento que se cierra un ciclo largo de casi cuatro años de una de las luchas que emprendimos y que hoy se materializa con una decisión que agradecemos al Concejo Municipal, por darle la oportunidad a la ciudad de retomar el manejo de unos servicios públicos que son estratégicos, muy importantes para el municipio”, expresó el alcalde Leonardo Puentes, tras la aprobación del Proyecto de Acuerdo.

Agregó el Alcalde que esta decisión permite avanzar y tomar las decisiones que el municipio debió haber tomado hace mucho tiempo, pero que “por el camino se enredaron y entraron en este tortuoso ciclo que significó Ceiba”.

Una vez dada la autorización por el Concejo Municipal, le corresponde al Alcalde emitir un Decreto mediante el cual formalmente se ordenará abrir e iniciar el proceso de liquidación de la EICE como entidad u organización empresarial; para lo cual cuenta con un lapso de hasta cuatro meses.

¿Administración de las unidades de negocio?

“Los servicios públicos que ya venían en un proceso de transición, como nos lo ordenó el Tribunal Administrativo de Casanare, seguirán siendo administrados directamente por la Administración Municipal, y tenemos que volver al Concejo a llevarle las propuestas formales de lo que hemos venido planteando como alternativas de administración”, puntualizó el Alcalde.

En ese orden de ideas, indicó el burgomaestre que unidades de negocio como la Planta de Beneficio Animal (PBA) y el Parque Cementerio serán administradas por la Administración Municipal, a cargo de las Secretarías de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo y de Gobierno, respectivamente.

De otro lado, serán presentados a la Corporación Municipal dos Proyectos de Acuerdo para su estudio y posterior aprobación; el primero, busca que el Concejo autorice la conformación de la sociedad de carácter público que debe hacerse cargo de la administración del Terminal de Transportes, para comenzar su proceso de homologación, a la par con las inversiones que se han venido proyectando y que ya se solicitaron a la Gobernación de Casanare, que contemplan su adecuación física y remodelación.

La segunda iniciativa tiene como propósito que se apruebe que la administración del servicio de alumbrado público esté a cargo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY).

“Nosotros persistimos en que la ciudad pueda darse la oportunidad de llevar este servicio a la EAAAY, es la alternativa que vemos como primera opción; la cual esperamos que el Concejo evalué, para que quede completamente despejada la discusión jurídica”, indicó el Alcalde.

Respecto a la necesidad de liquidar la EICE, el Alcalde fue enfático al señalar que existen desde su constitución visiones de legalidad insubsanables, que no pueden ser resarcidos por la Administración. Sumado a ello, “la empresa no es viable financieramente, situación que se pone al descubierto porque tres de las unidades de negocio que están bajo su administración terminaron soportadas por el alumbrado público, lo cual es abiertamente ilegal; porque los recursos de este servicio tienen una destinación que está regulada y no pueden irse a una misma bolsa”.

Frente al personal vinculado a Ceiba, el mandatario manifestó que “se va a iniciar el proceso sustitución patronal, conforme a la ley, para garantizar sus derechos laborales y de acuerdo a las actividades y conforme a las modalidades de vinculación de cada uno de ellos, se procederá a trasladarlos a las dependencias de la Administración Municipal o de la EAAAY, a donde corresponda”.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Alerta en Yopal: estafadores usan falsos pagos digitales para engañar a comerciantes

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En Yopal, un comerciante denunció haber sido víctima de una sofisticada modalidad de estafa digital que estaría afectando a varios establecimientos comerciales. Se trata de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes, entre ellos varios estudiantes universitarios, quienes utilizan aplicaciones clonadas conocidas como “Nequi Glitch” o “Nequi Daisy” para simular pagos que nunca se hacen efectivos, generando pérdidas económicas a negocios locales.

El caso fue revelado por Mateo Tarquino, propietario del club deportivo “Taco de Oro”, quien aseguró que en tan solo una semana su establecimiento fue defraudado por una suma cercana a los $2 millones de pesos. La irregularidad fue detectada tras un arqueo de caja y revisión de inventarios que no coincidían con los ingresos registrados, lo que llevó a identificar múltiples comprobantes falsificados.

¿Cómo estafan a los comerciantes?

Según la denuncia, el modus operandi consiste en mostrar en tiempo real un supuesto pago desde una aplicación fraudulenta que replica con precisión los comprobantes originales, incluyendo datos como número de teléfono y nombre del destinatario. Esto engaña al personal del establecimiento, que valida visualmente la transacción sin verificar el ingreso real del dinero.

El comerciante advirtió que los presuntos responsables ya han sido identificados mediante cámaras de seguridad y no descartó acciones legales ante la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a verificar directamente en la aplicación oficial los pagos recibidos o utilizar herramientas de validación como el escaneo de códigos QR, con el fin de evitar este tipo de fraudes.

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Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso

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El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.

El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.

Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.

El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:

• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.

Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.

Una defensa que terminó respaldada por la justicia

El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.

Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.

Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.

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Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026

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Bomberos Yopal sede

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.

De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.

A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.

El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.

En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.

Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.

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