CASANARE
Concejo de Orocué le autorizó al Alcalde endeudar el municipio por $27 mil millones
En medio de total hermetismo, sin transmisión por redes sociales de las sesiones y con el más inviolable sigilo, el Concejo Municipal de Orocué le aprobó al Alcalde Anderson Bernal “Tocayera”, un proyecto de acuerdo que lo faculta para que endeude al municipio por $27mil millones de pesos.
Los recursos, según el proyecto de acuerdo, serán utilizados para 4 proyectos así:
- Mejoramiento de vías terciarias con material de río en el área rural del municipio de Orocué Casanare, por valor de $5mil millones de pesos.
- Construcción del proyecto turístico y cultural playa San Miguel en el margen derecho del Caño San Miguel en el barrio El Centro del municipio de Orocué Casanare, por valor de $10mil millones de pesos.
- Construcción del Hospital nivel 1 del municipio de Orocue Casanare, por valor de $7mil millones de pesos.
- Construcción de vivienda nueva en el municipio de Orocué Casanare, por valor de $5mil millones de pesos.
La secreta votación del proyecto de acuerdo se dio a mediados de diciembre, donde 8 concejales dieron su voto positivo a la iniciativa presentada por el alcalde Anderson Bernal, solo el concejal Vladimir Bernal, primo del alcalde, votó negativo.
La dirigencia política de Orocué no quiere referirse al tema, pero soterradamente dicen sentirse inconformes porque la Administración Municipal no buscó otras fuentes de financiamiento para estos proyectos, que si bien son necesarios, se hubieran podido desarrollar con recursos de gestión ante instancias departamentales, incluso nacionales.
“Con un Ministerio de Salud que está aprobando recursos para hospitales por qué no se buscaron los recursos allá?, las vías terciarias las está arreglando el gobernador, el malecón del caño San Miguel lo hubiese podido gestionar con Fontur y otros Ministerios, para qué más vivienda si un barrio lo construyó el mismo sin servicios públicos”, dijo uno de los pocos dirigentes que opinó sobre el tema, pero que pidió reserva de su identidad.
El proyecto de acuerdo se discutió con tal sigilo, que la ciudadanía orocueceña nunca se enteró del mismo, y cuando se les consulta dicen no creer que sea cierto. “Si eso es cierto, ahora si nos van a hipotecar el pueblito”, manifestó uno de los ciudadanos.
Orocué tiene aún, una deuda cercana a los $5mil millones de pesos de operaciones de crédito de gobiernos anteriores, con lo cual, la deuda del municipio se elevaría a #32mil millones de pesos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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