META
Con Planes de Salvaguardia, el Meta protege sus manifestaciones culturales
En el pasado, nuestros ancestros metenses desarrollaron un conocimiento que hoy corre peligro de desaparecer por diferentes factores como los fenómenos de la modernidad, las dinámicas sociales y las problemáticas en los territorios.
Se ha convertido en una necesidad proteger los saberes, las técnicas y la memoria de los valores patrimoniales asociados a la tradición cultural, siendo los Planes Especiales de Salvaguardia (PES), un instrumento de gestión; así como una ruta de trabajo que sirve para proteger las manifestaciones o expresiones culturales investigadas.
En los últimos años, en el Meta se han desarrollado tres PES: el de cocinas tradicionales sanmartineras; vocación agrícola y artesanal del Alto Guatiquía (San Juanito y El Calvario) y la Salinas de Upín (Restrepo). Avales que fueron otorgados por el Consejo Departamental de Patrimonio del Meta, con el objetivo de mitigar los riesgos y amenazas de estas prácticas tradicionales.
Cada declaratoria ha sido producto de proyectos de investigación participativa de varios meses, liderado por el Instituto Departamental de Cultura de Meta (IDCM) con apoyo de las Alcaldías de Restrepo, San Martín de los Llanos, El Calvario y San Juanito, en donde participaron portadores, sabedores, adultos mayores, gestores culturales, estudiantes y funcionarios de instituciones públicas y privadas asociadas a las manifestaciones inmateriales.
Las alcaldías tienen ideas que son materializadas por investigadores del Instituto Departamental de Cultura del Meta, no obstante, durante el proceso las alcaldías apoyan con elementos logísticos que permiten el pleno desarrollo de las investigaciones, como fue el caso de Restrepo y las otras alcaldías.
Por su parte Camila Arismendy, directora del IDCM, aseguró que “en la construcción del Plan Especial de Salvaguardia de Restrepo, la Alcaldía de Restrepo fue un apoyo fundamental en el diálogo comunitario y su compromiso se ve reflejado en acciones alternas para la conservación de la infraestructura de las minas que funcionaron como industria en este municipio”.
Cabe destacar que los PES permiten que la comunidad proponga diferentes estrategias para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural de su municipio para futuras generaciones, generando mayor sentido de pertenencia.
Fuente: Gobernación del Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
