META
Con nuevo predio será compensada familia sobreviviente a masacre de Puerto Alvira
Los integrantes de la familia Ramos*, conformada por una pareja y sus tres hijos, sobrevivientes a la masacre ocurrida hace 24 años en Puerto Alvira, jurisdicción de Mapiripán (Meta), fueron declarados víctimas por el abandono forzado de su predio.
Por esta razón, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó el reconocimiento de una compensación y, en consecuencia, recibirán una nueva vivienda en el sitio que elijan a cambio del que debieron abandonar.
En el año 1996, la pareja de esposos adquirió el predio de 344 metros cuadrados en el que construyeron unas mejoras y establecieron allí un negocio de venta de empanadas, mientras que el jefe del hogar se empleó como cotero. Su suerte cambió cuando en julio de 1997, un grupo paramilitar llegó a Mapiripán y perpetró la masacre en contra de la población civil y luego extendió la barbarie a los caseríos de Caño Jabón y Puerto Alvira.
Este grupo ilegal advirtió a todos los habitantes de Puerto Alvira, que debían abandonar sus viviendas de inmediato, so pena de ser asesinados. Ante estas amenazas, los Ramos* no tuvieron más remedio que desplazarse hacia Villavicencio para salvaguardar sus vidas. Esas amenazas, lamentablemente, se cumplieron con un saldo de por lo menos 18 personas asesinadas.
Con el paso del tiempo, los Ramos* acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, se ordenara la compensación como medida reparadora.
Jenny Andrea Capote, directora territorial de la Unidad en el departamento de Meta, explicó que “en este caso, la familia Ramos* no retornará al predio abandonado porque sus integrantes adujeron afectaciones a su salud física y mental, por lo que no es su voluntad regresar”.
En consecuencia, la Unidad les comprará un nuevo predio en el lugar que ellos determinen y, además, tendrán derecho a otros beneficios como: subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, y acompañamiento por parte de entidades del Estado.
*Nombres cambiados por seguridad de los beneficiarios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
