META
Con nuevo predio será compensada familia sobreviviente a masacre de Puerto Alvira
Los integrantes de la familia Ramos*, conformada por una pareja y sus tres hijos, sobrevivientes a la masacre ocurrida hace 24 años en Puerto Alvira, jurisdicción de Mapiripán (Meta), fueron declarados víctimas por el abandono forzado de su predio.
Por esta razón, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó el reconocimiento de una compensación y, en consecuencia, recibirán una nueva vivienda en el sitio que elijan a cambio del que debieron abandonar.
En el año 1996, la pareja de esposos adquirió el predio de 344 metros cuadrados en el que construyeron unas mejoras y establecieron allí un negocio de venta de empanadas, mientras que el jefe del hogar se empleó como cotero. Su suerte cambió cuando en julio de 1997, un grupo paramilitar llegó a Mapiripán y perpetró la masacre en contra de la población civil y luego extendió la barbarie a los caseríos de Caño Jabón y Puerto Alvira.
Este grupo ilegal advirtió a todos los habitantes de Puerto Alvira, que debían abandonar sus viviendas de inmediato, so pena de ser asesinados. Ante estas amenazas, los Ramos* no tuvieron más remedio que desplazarse hacia Villavicencio para salvaguardar sus vidas. Esas amenazas, lamentablemente, se cumplieron con un saldo de por lo menos 18 personas asesinadas.
Con el paso del tiempo, los Ramos* acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, se ordenara la compensación como medida reparadora.
Jenny Andrea Capote, directora territorial de la Unidad en el departamento de Meta, explicó que “en este caso, la familia Ramos* no retornará al predio abandonado porque sus integrantes adujeron afectaciones a su salud física y mental, por lo que no es su voluntad regresar”.
En consecuencia, la Unidad les comprará un nuevo predio en el lugar que ellos determinen y, además, tendrán derecho a otros beneficios como: subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, y acompañamiento por parte de entidades del Estado.
*Nombres cambiados por seguridad de los beneficiarios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.
La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.
Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.
Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.
Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.
Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.
Fuente: El Diario del Llano
A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano
