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Con medidas cautelares buscan proteger asentamiento indígena en Puerto Gaitán

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Ante el inminente riesgo de afectación territorial que afrontan los 220 integrantes del pueblo Cubeo- Sikuani, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) solicitó que se ordenen acciones eficaces y oportunas para proteger a esta comunidad ubicada en la inspección de El Porvenir en Puerto Gaitán, Meta.

La solicitud está enfocada a garantizar la seguridad personal y colectiva de este pueblo, la autonomía y gobierno propio y el establecimiento de medidas de prevención del reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes, entre otras situaciones que vulneran los derechos de esta comunidad ancestral.

La medida cautelar se radicó electrónicamente ante un Juzgado Especializado en Restitución de Tierras del Circuito de Villavicencio y las pretensiones están dirigidas a entidades como: la Unidad Nacional de Protección (UNP), Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y Unidad de Víctimas.

El fin es lograr en un plazo perentorio un fallo en que se realice una valoración del riesgo y establezcan medidas de protección individuales y colectivas en favor de los miembros, líderes y autoridades de la parcialidad indígena “Aseinpome”. También la implementación de medidas de atención y asistencia humanitaria para las familias que se encuentran en situación de desplazamiento, confinados y en riesgo de destierro.

Además, se busca que la autoridad judicial ordene la implementación de un plan dirigido a garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos territoriales se encaminen a fomentar la prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Promover procesos formativos de emprendimiento, se diseñen e implementen proyectos productivos comunitarios y asociativos, con enfoque diferencial étnico, que conlleven a fortalecer la seguridad alimentaria y a generar ingresos propios.

Finalmente, se busca que los organismos de seguridad del Estado adelanten las investigaciones sobre homicidios, amenazas y delitos contra la libertad sexual de esta comunidad indígena.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Procuraduría verifica avance en obras para suministro de agua en Villavicencio

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En el marco de la actuación preventiva sobre el suministro de agua, la Procuraduría General de la Nación reiteró que mantendrá el seguimiento institucional y exigió la pronta implementación de acciones que protejan el derecho de los villavicenses a acceder a agua potable de calidad.

En visita técnica para revisar el avance de proyectos estratégicos en Villavicencio, claves para restablecer el suministro de agua potable, el ente de control verificó la reconstrucción del viaducto sobre el río Guatiquía y la rehabilitación de la estación de bombeo de Puente Abadía, corroborando la información técnica suministrada por los responsables, así como los adelantos en infraestructura.

Asimismo, durante la inspección, la Entidad oficializó los compromisos que deben asumir tanto la administración local como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), entre ellos, el respeto a los plazos de ejecución y la pronta respuesta a los trámites administrativos.

El Ministerio Público reafirma su labor preventiva, reiterando el acompañamiento de la Procuraduría para que Villavicencio recupere y mantenga el servicio esencial de agua y exhortando a las autoridades al cumplimiento riguroso de los acuerdos establecidos.

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En el año 2000 el conflicto armado lo desterró, hoy le devolvieron el predio y montó un almacén de ropa

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En cumplimiento de la sentencia de restitución y de las órdenes judiciales orientadas a garantizar la estabilización económica de las víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) implementó un proyecto productivo urbano de almacén de ropa para el señor José Roberto Hoyos, restituido y víctima del conflicto armado en Mapiripán (Meta).

Los hechos victimizantes tuvieron lugar en el año 2000, cuando Hoyos debió abandonar forzosamente su predio debido a los enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla de las Farc, así como a las presiones que estos actores armados imponían a la población civil, incluida la amenaza de reclutamiento. Esta situación obligó al solicitante a dejar su tierra.

Tras recuperar su predio mediante sentencia, Hoyos inicia ahora una nueva etapa de reconstrucción económica. La URT le otorgó un subsidio de 40 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) para la creación de un almacén de ropa, el cual funcionará directamente en el predio restituido, convirtiéndose en una fuente estable de ingresos para él y su familia.

La Unidad realizó recientemente el primer desembolso de recursos, destinados a la compra de vitrinas, estanterías, maniquíes, avisos tipo letrero, mostradores y mobiliario, elementos esenciales para la operación del negocio.

El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto, señaló que “este tipo de proyectos materializan el restablecimiento económico y la autonomía de las víctimas, permitiendo que transformen su experiencia de despojo en nuevas oportunidades”.

Por su parte, José Roberto Hoyos agradeció el acompañamiento de la URT y destacó que este emprendimiento significa una oportunidad real para asegurar el sustento propio y el de su familia, aprovechando de manera productiva el predio restituido.

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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar

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En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.

Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.

Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.

“Pensé que ya no salía”

Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”

Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.

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