META
Con demanda indígenas Sikuani reclaman 16 mil hectáreas en el Meta
Con el propósito de restituir los derechos territoriales de la comunidad indígena Chaparral, Makuwaja, perteneciente al pueblo Sikuani la Unidad de Restitución de Tierras, presentó una demanda correspondiente a la ruta étnica, ante el Juzgado Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio.
Actualmente, el territorio colectivo está conformado por 84 personas que se ubican en el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. Con la acción judicial, se pretende reclamar 15.908 hectáreas y 855 metros cuadrados a favor de este grupo del pueblo Sikuani, afectado por confinamiento, desplazamiento y abandono forzoso.
El acompañamiento de la Unidad Restitución de Tierras tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad ancestral, que ha sido víctima de la violencia por la presencia de grupos armados ilegales.
Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: culminación del proceso de constitución del territorio de manera concertada con las autoridades de la comunidad; diseño e implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva, de tal manera que permita el restablecimiento de sus derechos fundamentales vulnerados y garantizando el enfoque diferencial; realizar actividades en salud pública, orientadas al fortalecimiento la medicina ancestral Sikuani, la protección psicosocial del pueblo ancestral, así como vincular a esta población al Sistema General de Seguridad Social o Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI).
La Unidad también solicitó al juez ordenar la ejecución de programas y proyectos para la implementación de una política de etnoeducación a largo plazo, en favor del pueblo Sikuani, que incluya fortalecimiento de la cultura propia, con énfasis en el rescate y conservación oral, además de su historia propia. También, la construcción
o mejoramiento de la infraestructura de las sedes de las instituciones educativas y la dotación de los elementos, materiales y personal necesario para su funcionamiento.
Fuente: Unidad Restitución de Tierras
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
