META
Con demanda indígenas Sikuani reclaman 16 mil hectáreas en el Meta
Con el propósito de restituir los derechos territoriales de la comunidad indígena Chaparral, Makuwaja, perteneciente al pueblo Sikuani la Unidad de Restitución de Tierras, presentó una demanda correspondiente a la ruta étnica, ante el Juzgado Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio.
Actualmente, el territorio colectivo está conformado por 84 personas que se ubican en el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. Con la acción judicial, se pretende reclamar 15.908 hectáreas y 855 metros cuadrados a favor de este grupo del pueblo Sikuani, afectado por confinamiento, desplazamiento y abandono forzoso.
El acompañamiento de la Unidad Restitución de Tierras tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad ancestral, que ha sido víctima de la violencia por la presencia de grupos armados ilegales.
Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: culminación del proceso de constitución del territorio de manera concertada con las autoridades de la comunidad; diseño e implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva, de tal manera que permita el restablecimiento de sus derechos fundamentales vulnerados y garantizando el enfoque diferencial; realizar actividades en salud pública, orientadas al fortalecimiento la medicina ancestral Sikuani, la protección psicosocial del pueblo ancestral, así como vincular a esta población al Sistema General de Seguridad Social o Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI).
La Unidad también solicitó al juez ordenar la ejecución de programas y proyectos para la implementación de una política de etnoeducación a largo plazo, en favor del pueblo Sikuani, que incluya fortalecimiento de la cultura propia, con énfasis en el rescate y conservación oral, además de su historia propia. También, la construcción
o mejoramiento de la infraestructura de las sedes de las instituciones educativas y la dotación de los elementos, materiales y personal necesario para su funcionamiento.
Fuente: Unidad Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
