CASANARE
Autoridades buscan que la Universidad Nacional tenga sede en Yopal
La secretaria de Educación de Casanare, Sandra Patricia Rincón Serrano, participó en mesa de trabajo con el director de la Universidad Nacional sede Orinoquía, Óscar Eduardo Suárez Moreno, para analizar la posibilidad de contar con una sede de la Universidad en Yopal, donde se desarrolle el Programa Especial de Admisión y Movilidad (PEAMA), mediante el cual los bachilleres de la región cuentan con facilidades de acceso a los diferentes programas que ofrece esta Alma Máter.
Durante la reunión realizada en las instalaciones de la Alcaldía de Yopal, la funcionaria ratificó la disposición de la administración departamental de apoyar todas las iniciativas relacionadas con el fomento a la educación superior en el departamento, tal como ha sucedido con alternativas como la UPTC en Aguazul, y las sedes del Sena en Paz de Ariporo y Monterrey.
La secretaria propuso al director de la sede Orinoquía de la Universidad Nacional, concretar una cita con la rectora del Alma Máter, a la que asistirían el gobernador de Casanare, el alcalde de Yopal, los presidentes de la Asamblea Departamental y del Concejo de Yopal, y las secretarias de Educación, para concertar las estrategias que permitan traer la Universidad Nacional a Casanare.
“La intención del señor Gobernador desde el año 2016, ha sido traer a la Universidad Nacional. Desde el primer día de gobierno se le ha propuesto a la Universidad que tendríamos la posibilidad de apoyar en el tema de infraestructura; el único tema que estamos revisando son los costos adicionales de funcionamiento que es lo que vamos a definir en esa reunión que tendremos posiblemente con la señora Rectora de la Universidad Nacional”, anotó Sandra Patricia Rincón Serrano.
Actualmente, cerca del 60% de los estudiantes del programa PEAMA en la sede Orinoquía en Arauca son casanareños, quienes han logrado obtener buenos puntajes y desempeño académico, de acuerdo con lo expresado por el director Óscar Eduardo Suárez Moreno, quien felicitó al departamento por las estrategias que han permitido el mejoramiento de la calidad educativa, y por ende de las competencias académicas de los estudiantes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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