REGIÓN
Con acta de acuerdos se levantó protesta por la educación en San Luis de Gaceno y Úmbita
Gracias a la gestión del gobernador Ramiro Barragán Adame, la gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE-, envió al director técnico general de esta entidad, Javier Talero, para que, de primera mano, conociera el estado en el que se adelantan las obras de las instituciones de Úmbita y de San Luis de Gaceno.
Luego de las visitas se logró que en las dos partes se llegaran a acuerdos que benefician a las comunidades educativas.
Luego de varias horas de concertación, se logró retornar a la normalidad en el municipio de San Luis de Gaceno, donde los habitantes se encontraban en protesta pacífica por el incumplimiento en la construcción de su Institución Educativa. Tras firmar el acta de compromisos, la movilidad retornó de inmediato en la jurisdicción y se permitió que los niños iniciaran sus clases.
Compromisos
El funcionario del FFIE y su equipo se comprometieron a que, para el 15 de febrero, presentarán la propuesta de distribución de aulas móviles temporales en la sede educativa y la fecha de instalación de las mismas que estén adecuadas al clima de la población para que los estudiantes estén más cómodos mientras se culmina con la construcción. Para el 9 de marzo, se realiza el primer comité técnico de seguimiento, en el que presentará al contratista de la obra y el cronograma a seguir.
Cada 15 días, se realizará un comité de obra con la participación de la veeduría ciudadana, el FFIE, Gobernación y Alcaldía.
La Gobernación de Boyacá, por medio de la Secretaría de Educación, confirmó la disponibilidad del presupuesto para las obras complementarias según lo pactado.
El 9 de febrero se desplazará una comisión para realizar la valoración y diagnóstico de las necesidades de la sede primaria para la elaboración de presupuesto de obra que será presentado en el comité del 9 de marzo con la propuesta de inversión.
La Administración municipal, inicia la revisión y concretará las actividades de mantenimiento de las tres baterías de baños de la sede primaria, incluyendo el manejo de la disponibilidad de agua y para el 15 de febrero, se presentará informe con cantidades de obra y actividades a realizar en la sede educativa con cronograma, incluyendo la adquisición de ventiladores.
Por parte de la Institución Educativa se enviará informe del Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT- al FFIE, junto con el plano de la sede educativa para que organicen la instalación de las aulas y se comunicarán a la Alcaldía las necesidades de la Institución.
La Personería Municipal convocará y conformará la veeduría y se enviará esta información al FFIE para que sean convocados en los comités técnicos.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
