REGIÓN
Comunidad indígena quiere recuperar tierras despojadas por la violencia
La demanda, que fue presentada de forma electrónica, busca que esta comunidad pueda acceder a su derecho fundamental a la restitución y al goce efectivo de su territorio de acuerdo con su cultura y cosmovisión.
Además tiene como objetivo principal recuperar 21.775 hectáreas que les fueron arrebatadas a los Sikuani y Kuiva por causa de la violencia.
El director territorial de la Unidad en Meta, Wilson Leyton, informó que “el territorio Altagracia se localiza entre los caños Gavilán y Negro, cuenta con un área de 21.775 hectáreas, de las cuales 13.134 son jurisdicción de La primavera y 8.641 hectáreas de Santa Rosalía”.
La comunidad está conformada por dos grupos:
El primero, lo integran 17 familias de la etnia Sikuani, quienes en 2006 se vieron obligadas a abandonar el territorio ancestral por cuenta del conflicto armado y se ubicaron en el predio “Granja La Esperanza” del municipio de Puerto Carreño.
El segundo grupo, corresponde a 24 familias, de los pueblos Sikuani y Kuiva, víctimas del despojo y en consecuencia, desde 2010 habitan en el asentamiento “El Trompillo”, ubicado en el casco urbano de La Primavera.
Las afectaciones territoriales identificadas por la Unidad que motivaron la presentación de la demanda son: el abandono del territorio, por las amenazas perpetradas por las FARC, las Autodefensas y grupos armados al margen de la ley, que desencadenaron en la pérdida del vínculo con el territorio; la vulneración a los derechos a la soberanía alimentaria y a la medicina tradicional. A lo anterior se suma el despojo que se registró a raíz de la adjudicación de predios a terceros; y finalmente, el confinamiento, ocasionado por la presencia de grupos armados
ilegales y de terceros de procedencia no étnica, impidiendo la libre circulación desde finales de los años 80.
Entre otras pretensiones consignadas en la demanda se encuentran: garantizar los derechos a la ocupación ancestral y a la propiedad colectiva; recuperar la autonomía y el gobierno propio; garantizar los derechos al uso y disfrute del territorio, a la libre circulación, al disfrute de los recursos naturales; y brindar seguridad alimentaria.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
