REGIÓN
Comunidad indígena quiere recuperar tierras despojadas por la violencia
La demanda, que fue presentada de forma electrónica, busca que esta comunidad pueda acceder a su derecho fundamental a la restitución y al goce efectivo de su territorio de acuerdo con su cultura y cosmovisión.
Además tiene como objetivo principal recuperar 21.775 hectáreas que les fueron arrebatadas a los Sikuani y Kuiva por causa de la violencia.
El director territorial de la Unidad en Meta, Wilson Leyton, informó que “el territorio Altagracia se localiza entre los caños Gavilán y Negro, cuenta con un área de 21.775 hectáreas, de las cuales 13.134 son jurisdicción de La primavera y 8.641 hectáreas de Santa Rosalía”.
La comunidad está conformada por dos grupos:
El primero, lo integran 17 familias de la etnia Sikuani, quienes en 2006 se vieron obligadas a abandonar el territorio ancestral por cuenta del conflicto armado y se ubicaron en el predio “Granja La Esperanza” del municipio de Puerto Carreño.
El segundo grupo, corresponde a 24 familias, de los pueblos Sikuani y Kuiva, víctimas del despojo y en consecuencia, desde 2010 habitan en el asentamiento “El Trompillo”, ubicado en el casco urbano de La Primavera.
Las afectaciones territoriales identificadas por la Unidad que motivaron la presentación de la demanda son: el abandono del territorio, por las amenazas perpetradas por las FARC, las Autodefensas y grupos armados al margen de la ley, que desencadenaron en la pérdida del vínculo con el territorio; la vulneración a los derechos a la soberanía alimentaria y a la medicina tradicional. A lo anterior se suma el despojo que se registró a raíz de la adjudicación de predios a terceros; y finalmente, el confinamiento, ocasionado por la presencia de grupos armados
ilegales y de terceros de procedencia no étnica, impidiendo la libre circulación desde finales de los años 80.
Entre otras pretensiones consignadas en la demanda se encuentran: garantizar los derechos a la ocupación ancestral y a la propiedad colectiva; recuperar la autonomía y el gobierno propio; garantizar los derechos al uso y disfrute del territorio, a la libre circulación, al disfrute de los recursos naturales; y brindar seguridad alimentaria.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
