ARAUCA
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes visitó el departamento de Arauca
El departamento de Arauca recibió la visita de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de Representantes, con el propósito de analizar la situación de seguridad y derechos humanos en la región.
La delegación estuvo liderada por el presidente de la Comisión, Duvalier Sánchez Arango, y contó con la participación de diez representantes más, incluyendo a los congresistas por Arauca, Lina María Garrido y Germán Rozo Anis, quien promovió el control político en el territorio.
El gobernador de Arauca, Renson Martínez, recibió a la comitiva y ofreció una perspectiva histórica sobre los desafíos del departamento: “Nacimos en medio de la violencia, que comenzó con la explotación petrolera, y llevamos más de 40 años conviviendo con ella, enfrentando homicidios constantes por la presencia de grupos armados”.
Martínez subrayó la determinación del pueblo araucano: “Los que vivimos en esta región somos valientes; seguimos trabajando y creyendo en nuestro territorio”. Asimismo, el gobernador instó a la Comisión y al Gobierno Nacional a persistir en la búsqueda de la paz: “La paz es el único camino para superar los conflictos en nuestro departamento y frenar la violación de los derechos humanos hacia el pueblo araucano”.
Durante la jornada, la Comisión se enfocó en escuchar a líderes comunales, organizaciones sociales y representantes de distintos sectores del Departamento para identificar necesidades y retos en derechos humanos. Entre los objetivos principales estuvo la promoción y defensa de los derechos fundamentales, la investigación de denuncias de violaciones, y la evaluación de políticas y programas en favor de los grupos vulnerables.
Por su parte, Duvalier Sánchez Arango elogió la capacidad de resistencia de los habitantes de Arauca. “El Congreso decidió sesionar aquí porque es fundamental estar presentes en los territorios. Escuchamos a cientos de ciudadanos, organizaciones sociales y mujeres, y quedó claro que Arauca reclama diálogo, pero ese diálogo debe estar acompañado de inversión social y seguridad”, destacó.
Los representantes también visitaron el conocido ‘paso de las canoas’, donde analizaron de cerca la realidad fronteriza de Arauca. Posteriormente, acompañados por el Brigadier General de Infantería de Marina Rafael Olaya, se trasladaron al puente internacional, donde evaluaron las condiciones de seguridad a lo largo de los 302 kilómetros de frontera que comparten con Venezuela.
La visita concluyó con el compromiso de la Comisión Legal de Derechos Humanos de seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos en Arauca y avanzar en la construcción de paz en el territorio.
Fuente: Gobernación de Arauca
En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, el Gaula Militar y la Policía Nacional, fueron capturados seis presuntos integrantes del ELN, Frente “Domingo Laín Sáenz”, en distintos municipios del departamento de Arauca.
Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien destacó que entre los detenidos se encuentra alias “Puchica” o “Negro”, señalado como cabecilla coordinador de esta estructura criminal.
Los otros capturados fueron identificados con los alias de “Don José”, “Luis” o “Guajibo”, “Carrao”, “Elio” o “Memo”, y “David” o “Muelas”. Todos fueron aprehendidos por orden judicial y son señalados por su presunta participación en acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil, en una de las regiones más golpeadas históricamente por el accionar del ELN.
Golpe directo a la estructura del mando
Según el ministro Sánchez, esta operación representa un golpe directo a la estructura de mando, logística y control territorial del ELN en Arauca, debilitando su capacidad operativa en la zona. “Seguimos avanzando en la desarticulación de quienes siembran miedo y violencia en los territorios”, afirmó.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y legalidad en el país, advirtiendo que cualquier persona que atente contra la vida y la tranquilidad de los colombianos enfrentará una respuesta contundente por parte de la Fuerza Pública.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años, 2 meses y un día de prisión al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por el direccionamiento de la contratación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo, entre 2012 y 2015.
El fallo precisó que el exfuncionario deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario, pagar una multa equivalente a 336 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 154 meses.
En el curso del juicio oral se estableció que Castillo Cisneros permitió que avanzaran dos procesos contractuales en diciembre de 2012 y octubre de 2013, con estudios previos incompletos y fundados en precios de mercado obtenidos de documentación falsa aportada a los trámites para dar apariencia de legalidad y beneficiar a unos oferentes específicos.
Adicionalmente, se constató que los contratistas fueron escogidos a través del mecanismo de selección abreviada mediante subasta inversa presencial, en cuyo pliego de condiciones se definieron requisitos habilitantes desproporcionados que limitaron la libre concurrencia de otros aspirantes.
La sentencia conocida declaró a Castillo Cisneros responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y lo absolvió por peculado por apropiación agravado. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que existe el soporte probatorio pericial suficiente para que se declare la existencia de sobrecostos por 619 millones de pesos en el primer contrato y de 1.453 millones de pesos en el segundo, lo que generó la apropiación de recursos públicos en favor de terceros.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por irregularidades en el Contrato para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Arauca, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 9 años y 6 meses, al exsecretario de Educación de Arauca, William Arévalo Quintero, y al exgerente de Contratación (E), Uriel Niño López.
El ente de control comprobó que el exsecretario intervino en la elaboración de los estudios previos del modificatorio 1 y luego suscribió el adicional 1 de valor y plazo del contrato inicial, por $ 3.793’564.800, sin estudios previos serios y completos en los que se estimaran y justificaran los aspectos económicos del valor de la ración para preparar en casa y ser entregada a los acudientes de estudiantes de zonas rurales y sedes urbanas, generándose sobrecostos por $ 898’121.782
En cuanto a Niño López, se demostró, en primer lugar, que intervino en la etapa contractual del modificatorio 1 al bilateral omitiendo garantizar que el contenido de los estudios previos, remitidos por la Secretaría de Educación se ajustaran a la normatividad vigente y, en segundo lugar, como líder de contratación omitió ordenar la publicación de la totalidad de los documentos que hacían parte del contrato.
En la decisión de primera instancia, también se destituyó e inhabilitó por 9 años a Maricel Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación departamental, por celebrar el adicional 2, al contrato inicial de valor y plazo por $ 4.242’584.008, sin elaborar unos estudios previos completos y precisos, que atendieran los lineamientos adoptados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, con ocasión de la pandemia por Covid-19.
Asimismo, el ente de control suspendió por 12 meses, convertidos a salarios devengados para la época de los hechos, al entonces gobernador de Arauca (2020-2021), José Facundo Castillo Cisneros, por el concurso de faltas en que incurrió al celebrar el modificatorio 1 al contrato del PAE por $ 14.078’860.590, sin tener previamente unos estudios de mercado serios que evitaran sobrecostos, en el cambio de ración servida en institución educativa a ración para preparar en casa.
En lo que respecta a la representante legal de la empresa interventora Invida SAS, Diana Susi Mahecha Herrera, el Ministerio Público la multó con 20 salarios mínimos mensuales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este por el término de 10 años, por desatender su deber de vigilar y controlar la ejecución del contrato PAE.
Por último, al supervisor del contrato de interventoría suscrito con Inversiones para la Vida, Holman Jeffrey Ruiz Puerta, la Procuraduría le impuso una suspensión de tres meses, por no ejercer adecuadamente las labores que le fueron encomendadas, que será convertida en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta.
A juicio del Ministerio Público, los exservidores y la interventora sancionados permitieron con su conducta omisiva que, el contratista del PAE, Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, impusiera la ración para preparar en casa con una escasa cantidad de ingredientes que no alcanzaba para elaborar 20 almuerzos por estudiante.
Con este actuar los sancionados afectaron los derechos fundamentales a la alimentación escolar y la educación en pandemia de los niños, niñas y adolescentes araucanos, generando sobrecostos en detrimento del patrimonio del Estado, de cara a los precios y condiciones reales del mercado.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, indicó la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
