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REGIÓN

Colombia gana demanda internacional por caso Santurbán y se libra de pagar 130 millones de dólares

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Como un acto soberano y legítimo de Colombia, cuando el ejercicio de esas potestades regulatorias está dirigido en bien del interés común, especialmente en cuestiones relativas a la protección del medio ambiente, calificó un tribunal arbitral internacional la decisión de las autoridades ambientales del país de prohibir actividades de minería en el páramo de Santurbán.

En estos términos fue decidido a favor de Colombia el laudo arbitral constituido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que puso fin a una demanda instaurada por la firma minera Red Eagle Exploration Limited en contra de la decisión de negar las licencias para la explotación minera en ecosistemas de páramo.

La disposición ambiental, aunque impidió que la multinacional minera desarrollara un proyecto en el área del páramo de Santurbán, donde posee títulos, no incumplió el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Canadá Colombia, señala el fallo.

El Tribunal Arbitral reconoce el carácter no discriminatorio y la buena fe de las medidas adoptadas por el Estado para la protección del interés general, señalaron voceros de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la entidad que representó los intereses del país en el litigo internacional.

El laudo arbitral acogió los argumentos de defensa presentados por el Estado colombiano, avaló las medidas adoptadas para la protección de los ecosistemas de páramo, desestimó las reclamaciones por expropiación y violación del Estándar Mínimo de Trato presentadas por Red Eagle y niegó una indemnización cercana a los 130 millones de dólares estadounidenses.

Red Eagle Exploration Limited alegaba que las medidas legislativas, administrativas y judiciales adoptadas por las autoridades colombianas constituían una expropiación indirecta de su inversión bajo el Artículo 810 del TLC.

El Tribunal Arbitral concluyó que la prohibición implementada en el páramo de Santurbán no constituyó una expropiación de la inversión de Red Eagle, porque al momento de realizar su inversión, la empresa canadiense sabía sobre la probable prohibición de la minería en ecosistemas de páramo en esa zona del país.

Además, concluyó el laudo, las eventuales demoras en la delimitación de la zona de páramo obedecen a las complejidades técnicas del proceso “democrático y deliberativo llevado a cabo” por las autoridades colombianas.

Fuente: Presidencia de la República

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REGIÓN

Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso

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Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa  Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.

La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.

Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.

En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.

Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.

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REGIÓN

ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero

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PEAJE SAN LUIS DE GACENO

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.

De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.

La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.

Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

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REGIÓN

Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo

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La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.

Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.

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