CASANARE
Colegio Arturo Salazar Mejía en Támara deberá implementar doble jornada
Una de las sedes deberá ser desalojada por orden judicial
Como resultado de la reunión sostenida entre el alcalde de Támara Fernando Mantilla, la comunidad educativa del municipio, la diputada Ana Derly Roncancio y las directivas de la Secretaría de Educación de Casanare, se implementarán las dos jornadas para los estudiantes de primaria y secundaria de la IE Arturo Salazar Mejía, como medida de contingencia y dando cumplimiento a una orden judicial.
Cesar Andrés Herrera Castro, secretario de Educación (e), dijo que, la persona que va a tomar las medidas necesarias para la distribución de las jornadas, es el rector de la IE, quien se encargará de socializar con los estudiantes y padres de familia, los horarios y jornadas académicas a trabajar, garantizando así que no se presente hacinamiento, ya que el lugar donde van a ser trasladados, está en óptimas condiciones para ejercer el derecho a la educación.
Por su parte el alcalde de Támara Fernando Mantilla, se comprometió a dar el apoyo que requiera la institución para el traslado de los implementos y elementos educativos, con el fin de garantizar la continuidad de la educación sin mayores traumatismos.
El secretario de Educación (e), explicó que, en diálogo con el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), se están adelantando los procesos contractuales para iniciar de manera urgente la construcción del colegio 10 en el municipio de Támara, esto debido a que se han presentado inconvenientes con el actual contratista.
La orden judicial se da por el no pago del canon de arrendamiento entre los años 2012 y 2018 de las instalaciones en la sede primaria o sede La Presentación por parte de la Gobernación de Casanare a las propietarias del lugar, situación que tuvo que ser debatida en el respectivo proceso judicial.
Sobre los resultados de la reunión y las concertaciones a las que se llegó, esto dijo la diputada Ana Derly Roncancio:
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
