CASANARE
Clínica Medicenter busca evitar pagos a sus profesionales a través de una tutela interpuesta por una veeduría
La clínica adeuda a más 10 especialistas una suma superior a los 500 millones de pesos, de cuentas de cobro por servicios prestados, que datan del año 2018
En el año 2020, por medio del Centro de Conciliación de la Cámara De Comercio, se realizó una audiencia de conciliación en la que la CLINICA MEDICENTER se comprometía a realizar pagos mensuales del valor total adeudado, acuerdo que fue incumplido por la Clínica.
Este incumplimiento llevó a que se presentaran acciones legales que terminaron con embargos al centro asistencial y el inminente riesgo que esto conlleva para los pacientes, todo por la falta de responsabilidad de los directivos de la clínica en cumplir con los acuerdos de la conciliación.
Sumado a esto, la “Red de Veedurías Ciudadanas del Casanare” interpuso el pasado 12 de noviembre un acción de tutela, con el argumento de que “el embargo a las unidades quirúrgicas ubicadas en el predio secuestrado pone en riesgo la salud pública”, olvidando la veedora, María Magdalena Rodríguez, que existía un acuerdo firmado para los pagos de las deudas por los servicios profesionales pendientes y que fue la clínica quien incumplió, por otro lado hay que señalar que la Clínica Medicenter, es una “Prestadora de Servicios de Salud de Carácter Privado” y desconoce que el embargo obedece a un “pleito entre particulares” y no ante una entidad del sistema público de salud.
Por otra parte, la veedora aduce en su escrito que en el proceso de embargo se hizo “de manera irregular”, sin dar ninguna evidencia de las irregularidades que de manera temeraria señala, lo que deja la preocupación de que la veeduría este actuando en favor de la clínica y no de la garantía de prestación del servicio de los pacientes y usuarios y mucho menos de los profesionales que por años han prestado sus servicios, incluyendo el periodo de la pandemia, donde le personal medico fue clave para salvar vidas, aun a costo del riesgo propio.
Incluso, a la fecha, tanto a los profesionales de la salud, como personal de planta de oficios varios, que en la actualidad laboran para la Clínica Medicenter han manifestado que les adeudan hasta cuatro meses de pago, lo que resulta extraño es que la veeduría no haya indagado la situación y presente una acción de tutela que va en contravía de su función, pretendiendo suspender con ella una orden judicial que se dio en un proceso ejecutivo.
Y aún mas curioso resulta que la acción de tutela interpuesta por la “Red de Veedurías Ciudadanas del Casanare”, se dé después de que el Tribunal Superior de Casanare haya negado por improcedente la acción de tutela que interpuso la misma Clínica Medicenter Ficubo SAS por violación al debido proceso, y en donde los hechos son similares a los que hoy utiliza la veeduría, lo que denota que la veeduría se extralimitó y en lugar de velar por el buen manejo de la clínica a los dineros que percibe, esta a favor del no pago de las obligaciones a su personal.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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