CASANARE
Clínica Medicenter busca evitar pagos a sus profesionales a través de una tutela interpuesta por una veeduría
La clínica adeuda a más 10 especialistas una suma superior a los 500 millones de pesos, de cuentas de cobro por servicios prestados, que datan del año 2018
En el año 2020, por medio del Centro de Conciliación de la Cámara De Comercio, se realizó una audiencia de conciliación en la que la CLINICA MEDICENTER se comprometía a realizar pagos mensuales del valor total adeudado, acuerdo que fue incumplido por la Clínica.
Este incumplimiento llevó a que se presentaran acciones legales que terminaron con embargos al centro asistencial y el inminente riesgo que esto conlleva para los pacientes, todo por la falta de responsabilidad de los directivos de la clínica en cumplir con los acuerdos de la conciliación.
Sumado a esto, la “Red de Veedurías Ciudadanas del Casanare” interpuso el pasado 12 de noviembre un acción de tutela, con el argumento de que “el embargo a las unidades quirúrgicas ubicadas en el predio secuestrado pone en riesgo la salud pública”, olvidando la veedora, María Magdalena Rodríguez, que existía un acuerdo firmado para los pagos de las deudas por los servicios profesionales pendientes y que fue la clínica quien incumplió, por otro lado hay que señalar que la Clínica Medicenter, es una “Prestadora de Servicios de Salud de Carácter Privado” y desconoce que el embargo obedece a un “pleito entre particulares” y no ante una entidad del sistema público de salud.
Por otra parte, la veedora aduce en su escrito que en el proceso de embargo se hizo “de manera irregular”, sin dar ninguna evidencia de las irregularidades que de manera temeraria señala, lo que deja la preocupación de que la veeduría este actuando en favor de la clínica y no de la garantía de prestación del servicio de los pacientes y usuarios y mucho menos de los profesionales que por años han prestado sus servicios, incluyendo el periodo de la pandemia, donde le personal medico fue clave para salvar vidas, aun a costo del riesgo propio.
Incluso, a la fecha, tanto a los profesionales de la salud, como personal de planta de oficios varios, que en la actualidad laboran para la Clínica Medicenter han manifestado que les adeudan hasta cuatro meses de pago, lo que resulta extraño es que la veeduría no haya indagado la situación y presente una acción de tutela que va en contravía de su función, pretendiendo suspender con ella una orden judicial que se dio en un proceso ejecutivo.
Y aún mas curioso resulta que la acción de tutela interpuesta por la “Red de Veedurías Ciudadanas del Casanare”, se dé después de que el Tribunal Superior de Casanare haya negado por improcedente la acción de tutela que interpuso la misma Clínica Medicenter Ficubo SAS por violación al debido proceso, y en donde los hechos son similares a los que hoy utiliza la veeduría, lo que denota que la veeduría se extralimitó y en lugar de velar por el buen manejo de la clínica a los dineros que percibe, esta a favor del no pago de las obligaciones a su personal.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
