CASANARE
Clínica Medicenter busca evitar pagos a sus profesionales a través de una tutela interpuesta por una veeduría
La clínica adeuda a más 10 especialistas una suma superior a los 500 millones de pesos, de cuentas de cobro por servicios prestados, que datan del año 2018
En el año 2020, por medio del Centro de Conciliación de la Cámara De Comercio, se realizó una audiencia de conciliación en la que la CLINICA MEDICENTER se comprometía a realizar pagos mensuales del valor total adeudado, acuerdo que fue incumplido por la Clínica.
Este incumplimiento llevó a que se presentaran acciones legales que terminaron con embargos al centro asistencial y el inminente riesgo que esto conlleva para los pacientes, todo por la falta de responsabilidad de los directivos de la clínica en cumplir con los acuerdos de la conciliación.
Sumado a esto, la “Red de Veedurías Ciudadanas del Casanare” interpuso el pasado 12 de noviembre un acción de tutela, con el argumento de que “el embargo a las unidades quirúrgicas ubicadas en el predio secuestrado pone en riesgo la salud pública”, olvidando la veedora, María Magdalena Rodríguez, que existía un acuerdo firmado para los pagos de las deudas por los servicios profesionales pendientes y que fue la clínica quien incumplió, por otro lado hay que señalar que la Clínica Medicenter, es una “Prestadora de Servicios de Salud de Carácter Privado” y desconoce que el embargo obedece a un “pleito entre particulares” y no ante una entidad del sistema público de salud.
Por otra parte, la veedora aduce en su escrito que en el proceso de embargo se hizo “de manera irregular”, sin dar ninguna evidencia de las irregularidades que de manera temeraria señala, lo que deja la preocupación de que la veeduría este actuando en favor de la clínica y no de la garantía de prestación del servicio de los pacientes y usuarios y mucho menos de los profesionales que por años han prestado sus servicios, incluyendo el periodo de la pandemia, donde le personal medico fue clave para salvar vidas, aun a costo del riesgo propio.
Incluso, a la fecha, tanto a los profesionales de la salud, como personal de planta de oficios varios, que en la actualidad laboran para la Clínica Medicenter han manifestado que les adeudan hasta cuatro meses de pago, lo que resulta extraño es que la veeduría no haya indagado la situación y presente una acción de tutela que va en contravía de su función, pretendiendo suspender con ella una orden judicial que se dio en un proceso ejecutivo.
Y aún mas curioso resulta que la acción de tutela interpuesta por la “Red de Veedurías Ciudadanas del Casanare”, se dé después de que el Tribunal Superior de Casanare haya negado por improcedente la acción de tutela que interpuso la misma Clínica Medicenter Ficubo SAS por violación al debido proceso, y en donde los hechos son similares a los que hoy utiliza la veeduría, lo que denota que la veeduría se extralimitó y en lugar de velar por el buen manejo de la clínica a los dineros que percibe, esta a favor del no pago de las obligaciones a su personal.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
