CASANARE
Cinco capturados y un muerto dejan combates del Ejército con miembros del Clan del Golfo en Hato Corozal
Autoridades desarrollaron en Hato Corozal una operación militar, donde sostuvieron un combate, en el cual se produjo la muerte de un sujeto y la captura de cinco más.
El hecho se dio en la vereda La Reserva, zona rural del municipio de Hato Corozal. Hasta el sitio, llegaron las tropas luego de recibir información de la red de participación cívica, que alertaban sobre la presencia de personas extrañas armadas en la zona; estos sujetos, al notar la presencia militar, según las primeras informaciones abrieron fuego contra las autoridades y se enfrentaron a los soldados, quienes reaccionaron de manera inmediata. Allí uno de los sujetos murió, mientras que cinco más fueron puestos a disposición de la Fiscalía Quinta Especializada para su respectivo proceso de judicialización.
En el desarrollo de la operación fueron incautados 10 revólveres, 3 pistolas, 162 unidades de munición de diferentes calibres, una escopeta tipo changón calibre 12 milímetros, 6 proveedores para pistola, 6 radios de comunicaciones, una camioneta y 3 motocicletas, material entregado a las autoridades competentes.
De acuerdo con labores de inteligencia, esta estructura armada al parecer pertenecería a la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan de Golfo y estaría al mando de Rubén Parales Cisneros, quien resultó muerto en el desarrollo de la operación militar; serían los responsables al parecer de un secuestro de un ciudadano ocurrido en zona rural del municipio de Arauca, Arauca, el pasado jueves 14 de abril 2022.
Este grupo armado organizado tiene injerencia en las veredas de Feliciano, Cabuyare, Bogotá y Flor Amarillo, en el corregimiento de Caracol, extendiéndose hasta Puerto Rondón, Arauca, pero luego de la presión de las tropas del Ejército Nacional en ese departamento, este grupo delincuencial pretendía establecer su accionar delictivo y campamentario en el norte del Casanare, sobre el área rural de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, donde ya se les atribuye extorsiones y robos a finqueros y ganaderos de la región.
Dentro del material incautado, se encuentran en investigación armas que posiblemente fueron utilizadas en asesinatos selectivos, en el departamento de Arauca.
Las operaciones militares en esa zona continúan, con el objetivo de seguir afectando las redes logísticas y criminales de los diferentes grupos armados organizados que allí intentan delinquir.
Fuente: Ejército Nacional
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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