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Vía al Llano cerrada hoy dos horas por implosión de restos del puente Chirajara
Durante dos horas estará cerrada hoy desde la 1 y hasta las 3 de la tarde la vía Bogotá Villavicencio, tiempo durante el cual COVIANDES y la empresa contratista Atila realizarán la implosión de la pila C del puente de Chirajara, caído desde el 15 de enero de 2018 cuando murieron 9 obreros de la concesionaria.
Se advirtió por parte de la concesionaria que se despejaron 200 metros por seguridad preventiva y se utilizarán 50 detonadores no eléctricos. Según William Valencia de la Sociedad de Ingenieros del Meta, esta onda de detonación se transmite a través de 1.000 metros lineales de cordón detonante, dirigido a diferentes puntos neurálgicos del puente como columnas, vigas cabezal, tableros, diafragmas o pantallas inferior del pilón.
El cierre de la vía comenzará desde la 1:00 de la tarde, pero se conoció que la implosión ocurrirá a las 2:00 para aprovechar la hora de los mejores vientos para que ayuden en la expansión del polvo producido por el derrumbe de la estructura.
“Previamente se tuvo que haber realizado las respectivas perforaciones en los diferentes puntos neurálgicos del puente. Para que una vez llegado al sitio de la obra el explosivo INDUGEL sea inyectado en cada uno de ellos y se inicie el proceso de la implosión”, dijo el ingeniero.
Según el gremio de ingenieros del Meta estos son los pasos para la implosión del Puente Chirajara:
1. Se inyecta el explosivo en los sitios determinados como neurálgicos del puente y se usa la fuerza de la gravedad para que el puente caiga.
2. El proceso de la implosión no causa sismicidad, no produce vibraciones, no afecta ningún tipo de elemento perimetral del puente.
3. Se hacen perforaciones en los sitios neurálgicos del puente como las columnas, viga cabezal, viga post, tablero diafragma o pantalla.
4. Aunque este proceso alberga algunos factores de riesgo según la empresa encargada de la implosión (Atila), es bastante confiable cuando se realiza con todas las medidas de seguridad y cálculos adecuados.
5. El explosivo a utilizar es el INDUGEL, que es una emulsión de fabricación Colombiana, que garantiza que la detonación no genere onda expansiva ni gases tóxicos.
El tiempo de esta actividad está programada para que se desarrolle en 15 minutos de preparativos previos, un minuto de implosión, 7 minutos de caída y expansión del polvo producido por el derrumbe. Los organismos de socorro vigilan el lugar para atender cualquier emergencia en la zona.
La Sociedad de Ingenieros del Meta también vigila el proceso, dijo William Valencia su presidente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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