META
Vía al Llano cerrada hoy dos horas por implosión de restos del puente Chirajara
Durante dos horas estará cerrada hoy desde la 1 y hasta las 3 de la tarde la vía Bogotá Villavicencio, tiempo durante el cual COVIANDES y la empresa contratista Atila realizarán la implosión de la pila C del puente de Chirajara, caído desde el 15 de enero de 2018 cuando murieron 9 obreros de la concesionaria.
Se advirtió por parte de la concesionaria que se despejaron 200 metros por seguridad preventiva y se utilizarán 50 detonadores no eléctricos. Según William Valencia de la Sociedad de Ingenieros del Meta, esta onda de detonación se transmite a través de 1.000 metros lineales de cordón detonante, dirigido a diferentes puntos neurálgicos del puente como columnas, vigas cabezal, tableros, diafragmas o pantallas inferior del pilón.
El cierre de la vía comenzará desde la 1:00 de la tarde, pero se conoció que la implosión ocurrirá a las 2:00 para aprovechar la hora de los mejores vientos para que ayuden en la expansión del polvo producido por el derrumbe de la estructura.
“Previamente se tuvo que haber realizado las respectivas perforaciones en los diferentes puntos neurálgicos del puente. Para que una vez llegado al sitio de la obra el explosivo INDUGEL sea inyectado en cada uno de ellos y se inicie el proceso de la implosión”, dijo el ingeniero.
Según el gremio de ingenieros del Meta estos son los pasos para la implosión del Puente Chirajara:
1. Se inyecta el explosivo en los sitios determinados como neurálgicos del puente y se usa la fuerza de la gravedad para que el puente caiga.
2. El proceso de la implosión no causa sismicidad, no produce vibraciones, no afecta ningún tipo de elemento perimetral del puente.
3. Se hacen perforaciones en los sitios neurálgicos del puente como las columnas, viga cabezal, viga post, tablero diafragma o pantalla.
4. Aunque este proceso alberga algunos factores de riesgo según la empresa encargada de la implosión (Atila), es bastante confiable cuando se realiza con todas las medidas de seguridad y cálculos adecuados.
5. El explosivo a utilizar es el INDUGEL, que es una emulsión de fabricación Colombiana, que garantiza que la detonación no genere onda expansiva ni gases tóxicos.
El tiempo de esta actividad está programada para que se desarrolle en 15 minutos de preparativos previos, un minuto de implosión, 7 minutos de caída y expansión del polvo producido por el derrumbe. Los organismos de socorro vigilan el lugar para atender cualquier emergencia en la zona.
La Sociedad de Ingenieros del Meta también vigila el proceso, dijo William Valencia su presidente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
