CASANARE
Cierran estado de calamidad pública en Casanare por Covid-19
Tras evaluar el plan de acción, el Consejo de Gestión del Riesgo emitió concepto favorable para el cierre del estado de la calamidad pública.
En Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) las autoridades de Casanare evaluaron el cumplimiento del plan de acción específico establecido para la calamidad pública por Covid-19, el cual constituye 23 actividades enmarcadas en las líneas de prevención, respuesta y recuperación.
Así pues, revisadas una a una las diferentes actividades, el cuerpo colegiado emitió concepto favorable para que el gobernador Salomón Sanabria establezca el cierre de la calamidad pública, declarada a través del decreto 0115 el 23 de marzo del 2020, y con prórroga de seis meses mediante el decreto 0231 del 22 de septiembre del 2020.
Al respecto, Guillermo Pérez coordinador de este Consejo, explicó que: “al cumplirse un año de la declaración de la calamidad; sumada su prórroga, se debe dar cumplimiento al artículo 64 de la ley 1523 del 2012, que establece el cierre de la calamidad e insta a la continuidad de las actividades que defina el CDGRD, las cuales continuarían bajo las mismas condiciones establecidas en la calamidad pública.
En este sentido, el Comité aprobó la continuidad, entre otras, de las siguientes actividades inmersas en el plan de acción, para seguir haciendo frente a la pandemia:
• Adecuación locativa y dotación en urgencias, hospitalización, unidad de cuidado intermedio adulto, y seis (6) habitaciones de aislamiento.
• Ampliación de la capacidad instalada de la red prestadora de servicios de salud. Reducir y controlar el riesgo por exposición ante virus SARS cov-2 (covid-19) del personal de salud, sanitario, fuerza pública, organismos de socorro y personal voluntario en el Departamento.
• Gestionar y garantizar la inclusión en el plan de intervenciones colectivas departamental, acciones específicas de salud pública.
• Implementar equipos de respuesta inmediata como estrategia de fortalecimiento de la vigilancia en salud pública.
• Realizar la adquisición de pruebas rápidas COVID 19.
• Llegar a las poblaciones más alejadas con agua potable.
• Fortalecer el sistema de atención a emergencias por parte de los organismos de socorro y disminuir los tiempos de traslado de los pacientes.
• Reducir y controlar el riesgo por exposición ante virus SARS CoV-2 del personal de los organismos de socorro del departamento.
• Operación de call center mediante la coordinación y operación de la Secretaría Departamental de Salud.
Fuente: Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
