CASANARE
Centro Democrático definió avales para 3 Alcaldías de Casanare
Nunchía, Támara y Monterrey ya tienen sus candidatos por el uribismo
20 días después de haberse realizado el foro del Centro Democrático en Casanare, el partido creado por el ex Presidente y hoy Senador Álvaro Uribe Vélez, definió sus avales para las Alcaldías de los municipios de Nunchía, Támara y Monterrey.
En la tierra del duende (Nunchía), el partido otorgó el aval a la candidata Maribel Cely, quien es ingeniera de sistemas, con especialización es gerencia de proyectos. Para la tierra del café (Támara), el aval fue designado a Claudia Manrique, quien ganó la disputa al aspirante Ángel Mario Girón. Claudia Manrique es contadora pública, especialista en finanzas y goza de buena aceptación en el municipio.
Maribel Cely, candidata a la Alcaldía de Nunchía.
Por último, el partido decidió dar el aval para la Alcaldía de Monterrey al candidato Carlos Iván Díaz Solano, quien ganó la encuesta realizada en el municipio con los otros 5 aspirantes al aval. Díaz Solano es Médico de profesión y se dio a conocer por su labor en el Hospital Regional de la Orinoquia.
Claudia Manrique, candidata a la Alcaldía de Támara.
Carlos Iván Díaz Solano, Candidato a la Alcaldía de Monterrey.
Para la capital del departamento, aún sigue la polémica por los resultados de la encuesta que dio como ganador al aspirante Nelson Barrera, quien según la encuesta realizada por la empresa YanHaas, obtuvo una votación del 48.7%. en segundo lugar, quedó Rubiel Vargas Pinto con una votación del 32.5%, sin embargo, este aspirante pocos días después de conocerse los resultados, denunció antes los medios de comunicación, que el partido habría cometido algunas irregularidades para determinar el candidato en Yopal. Estas acusaciones aún no se han respondido por parte del Centro Democrático de manera oficial.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
