CASANARE
Casanare marchó en paz, sin embargo hubo 5 capturas
Cerca de 3 mil personas marcharon en Casanare en el marco de las protestas convocadas por el Paro Nacional del 21 de noviembre, donde las autoridades reportaron que no se presentaron alteraciones de orden público, pero sí la captura de cinco personas por obstrucción de vías públicas.
Pese a que el día se mostró muy caluroso, diferentes grupos sociales, líderes comunales, estudiantes, maestros y sindicatos del departamento, salieron a las calles a exigir que se cumplan los acuerdos de paz, todo bajo el orden y el respeto. La jornada estuvo acompañada por uniformados de la Policía Nacional y agentes de tránsito.
Cinco capturados por obstruir el paso
Después de mediodía la protesta terminó en el sector de la Colina Campestre “allí procedieron a capturar a cinco personas por haber obstruido las vías y no permitir el paso de los vehículos, se tuvo que utilizar el ESMAD y el personal de la Policía Nacional para despejar la vía. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía 35, para resolver su situación jurídica”, expresó el coronel José Luis Ramírez, comandante de Policía de Casanare, quien agregó “sin embargo hay que rescatar el comportamiento de los líderes, se realizó un comité de derechos humanos con ellos y cumplieron a cabalidad con lo que estaba establecido”.
Según la Fiscalía, los capturados son:
- Maikol Giovany Varón González
- Jhon Jairo Cuenza Naranjo
- Uclo de Jesús Garzón Bonilla
- Omar Danilo Fernández Castro
- Yeisson Arley Rodríguez
Balance positivo en los municipios
En cuanto al comportamiento durante la jornada de protesta en otros municipios como Trinidad, Pore, Nunchía, Orocué, Villanueva y Monterrey, el comandante de Policía indicó que al igual que Yopal, también hubo un balance positivo. Quedaron pendientes Aguazul, pues hasta horas de la tarde se mantenían las concentraciones de un grupo de aproximadamente 80 personas en el parque principal donde tenían algunas actividades lúdicas y finalizaban con un cacerolazo al igual que en Tauramena.
Buen comportamiento
Por su parte, la Alcaldía de Yopal, derogó el decreto 275 de noviembre 18 de 2019, que establecía medidas de seguridad como ley seca, restricción de parrillero hombre y restricción de circulación de vehículos que transporten trasteos, escombros y cilindros de gas, por el buen comportamiento durante las manifestaciones en el marco del Gran Paro Nacional, pues no se presentaron hechos que afectaran la conveniencia, seguridad y orden público en la capital casanareña.
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CASANARE
Registraduría rechazó amenazas a la Registradora Especial de Yopal, por parte de disidencias de las Farc
El Registrador Nacional, Hernán Penagos, rechazó y condenó de manera categórica la amenaza de la que fue víctima la registradora especial de Yopal, Piedad Milena Ríos Saavedra, quien la noche previa a la consulta de los partidos fue declarada objetivo militar mediante una llamada realizada presuntamente por el Frente 28 de las FARC, debido a la concentración de algunos puestos de votación de la zona rural del municipio.
Ante este lamentable hecho, se realizó una mesa de coordinación institucional en la que se adoptaron medidas preventivas y de protección como la recepción formal de la denuncia por parte de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, la asignación transitoria de dos funcionarios de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (SEPRO) para su seguridad personal y la activación de la ruta de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“La registradora especial de Yopal es una mujer valiente que decidió quedarse al frente del proceso electoral pese a la amenaza recibida. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades y ya la registradora cuenta con seguridad; sin
embargo, se hace necesario su traslado desde Yopal, pese a todo lo que esto conlleva para nuestra servidora”, indicó Penagos.
La Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado a las autoridades competentes para que avancen con celeridad en las investigaciones y reitera su rechazo a todo acto de violencia que ponga en riesgo la vida de sus funcionarios y
la integridad del proceso electoral.
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