CASANARE
Casa por cárcel para profesora de Casanare por presunto homicidio de su expareja
Por solicitud de la Fiscalía, fue ordenada medida de aseguramiento preventiva consistente en detención domiciliaria contra Nohora Stella Abril Fuentes, docente de 41 años, por su presunta responsabilidad en la muerte de su excompañero y padre de su menor hijo ocurrida en mayo de 2015, en la ciudad de Yopal.
Como se conoce, la muerte de Álvaro Ramírez Montaño de 59 años, funcionario y dirigente sindical de la Gobernación de Casanare se produjo en su propia vivienda.
De acuerdo con la investigación adelantada por efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, hasta la casa de Ramírez Montaña habrían llegado 3 hombres y una mujer que se hicieron pasar como funcionarios del ICBF y, luego de ingresar, ataron de manos y pies a la víctima junto con uno de sus hijos que se encontraba en el lugar, registraron la vivienda, hurtaron 35 millones de pesos que la víctima había retirado recientemete de sus cesantías, documentos y el celular de la víctima, lo agredieron con arma de fuego, causándole la muerte, y emprendieron la huida.
Algunas de las evidencias darían cuenta de que Nohora Abril, en compañía de otra persona, contactó a un Policía activo para la época de los hechos, y le habría entregado 50 millones de pesos por el homicidio de Álvaro Ramírez, padre de su hijo, entonces de 14 años.
Los documentos hurtados de la vivienda, presuntamente, tendrían que ver con el proceso de custodia del hijo que tenían en común la víctima y la hoy procesada, y con la disolución de la sociedad patrimonial de hecho que adelantaban.
Ante el Juzgado 2° Penal Municipal con función de control de garantías la Fiscalía imputó cargos contra Nohora Stella Abril Fuentes por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y hurto calificado y agravado. Los cuales no fueron aceptados por la acusada.
¿La delataron?
En el mismo proceso, el señor Saúl Saavedra Achagua, quien se encuentra detenido por otros delitos, se le identifica como a la persona a la cual, al parecer, se le entregó el dinero para que se cometiera el ilícito.
Se conoció que uno de los participantes del hecho delictivo habría colaborado con las autoridades para lograr interceptaciones telefónicas a la hoy procesada, donde se evidenciaría su posible participación como determinadora del crimen.
Ante la decisión del juez la Fiscalía le solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico de la imputada y garantizar que esté en buenas condiciones, esto antes de realizar el traslado al lugar de detención.
Por ahora, la docente queda vinculada con el proceso y deberá esperarse los resultados del juicio, preventivamente queda cobijada con detención domiciliaria
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
