ARAUCA
Cargos a exgobernador de Arauca por presunto sobrecosto en contratación del PAE
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros (2020 – 2021), así como a otras cinco personas, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar – PAE – durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del covid-19, que habrían generado un sobrecosto global de 1.783 millones de pesos.
Los otros afectados por el pliego de cargos son los exsecretarios de Educación del departamento, William Arévalo Quintero (2020 – 2021) y Maricel Ortiz Ramírez (2021); el exgerente de Contratación (e), Uriel Niño López (2020 – 2022); el supervisor del contrato, Holman Jefrey Ruiz Puerta, y la representante legal de Invida SAS, encargada de la interventoría, Diana Susi Mahecha Herrera.
Al parecer, el contrato para el suministro de los alimentos se habría firmado sin que previamente se exigieran estudios técnicos y financieros precisos, serios y completos que justificaran el valor de las raciones, lo que ocasionó el sobreprecio que se habría pagado durante la ejecución de los trabajos.
Solo en el valor de las raciones para preparar en casa entregadas por el contratista entre los meses de abril de 2020 y 2021, el órgano de control encontró un posible sobrecosto de 898 millones de pesos.
Adicionalmente se habrían presentado otras posibles irregularidades en la publicidad dada al contrato, así como en el trámite y ejecución de las modificaciones y adiciones de valor incluidas.
Para el órgano de control, la existencia de los presuntos sobreprecios pone de presente que en la firma del contrato no se “privilegió la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”.
Por esos hechos, el Ministerio Público señaló que con su aparente conducta los investigados habrían vulnerado los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal, y profirió dos cargos disciplinarios contra el entonces gobernador Castillo Cisneros y los exsecretarios de despacho Arévalo Quintero y Ortiz Ramírez, los cuales fueron calificados como faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima.
En contra de Uriel Niño López se profirieron cargos por dos faltas gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima, la primera, y grave, la segunda. A la interventora Diana Susi Mahecha Herrera le profirió dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas a título dolo.
Finalmente, en contra del supervisor, Holman Jefrey Ruiz Puerta, se dictaron tres cargos, dos de ellos calificados como faltas gravísimas con culpa grave, y el tercero falta grave con culpa grave.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
