META
Cárcel para tres hombres acusados de agredir sexualmente a menores de edad
Por solicitud de fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (CAIVAS), fueron enviados a la cárcel tres hombres que, en hechos independientes, habrían agredido sexualmente a cuatro menores de edad, en Villavicencio y Barranca de Upía (Meta), en hechos ocurridos entre abril de 2022 y junio de 2023.
Los procesados fueron capturados mediante orden judicial por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, y presentados para su judicialización ante jueces con de control de garantías.
En el primero de los hechos, Cristian Andrés Gómez Salamanca cuando trabajaba como vigilante en una clínica especializada en salud mental de Villavicencio, en abril de 2022, aprovechando su condición habría cometido conductas sexuales en contra de una menor de 14 años, quien se encontraba recibiendo tratamiento en dicha institución.
Según investigación, el detenido habría aprovechado la hora de la madrugada cuando la adolescente se encontraba en una zona de aislamiento y allí le habría realizado tocamientos y la habría accedido sexualmente al menos en dos oportunidades.
En vía pública del Camino Ganadero, Gómez Salamanca fue capturado este 28 de agosto e imputado por la Fiscalía, por los delitos de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años.
Un segundo caso se presentó en una residencia del sur oriente de esta ciudad. Allí el compañero de trabajo de la madre de una niña de 11 años, en por lo menos tres ocasiones entre diciembre de 2022 y enero de 2023, le habría realizado tocamientos a la menor cuando la progenitora no se encontraba en la casa.
El presunto abusador de 43 años fue capturado este 31 de agosto, en vía pública del barrio La Reliquia de la capital metense y la Fiscalía le imputó cargos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
Asimismo, en un tercer hecho, Yesid Fernández Bonilla fue capturado como presunto responsable de ingresar de manera abusiva a la residencia de la localidad de Barranca de Upía, ubicada al norte del departamento, donde habría realizado tocamientos de índole sexual a dos menores de 9 y 15 años mientras dormían, en la madrugada del pasado 18 de junio.
La captura se hizo efectiva el 30 pasado de agosto en área rural del municipio. El hombre fue imputado por la Fiscalía por el delito de actos sexuales con persona incapaz de resistir. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos endilgados por la entidad judicial.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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