META
Cárcel para tres hombres acusados de agredir sexualmente a menores de edad
Por solicitud de fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (CAIVAS), fueron enviados a la cárcel tres hombres que, en hechos independientes, habrían agredido sexualmente a cuatro menores de edad, en Villavicencio y Barranca de Upía (Meta), en hechos ocurridos entre abril de 2022 y junio de 2023.
Los procesados fueron capturados mediante orden judicial por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, y presentados para su judicialización ante jueces con de control de garantías.
En el primero de los hechos, Cristian Andrés Gómez Salamanca cuando trabajaba como vigilante en una clínica especializada en salud mental de Villavicencio, en abril de 2022, aprovechando su condición habría cometido conductas sexuales en contra de una menor de 14 años, quien se encontraba recibiendo tratamiento en dicha institución.
Según investigación, el detenido habría aprovechado la hora de la madrugada cuando la adolescente se encontraba en una zona de aislamiento y allí le habría realizado tocamientos y la habría accedido sexualmente al menos en dos oportunidades.
En vía pública del Camino Ganadero, Gómez Salamanca fue capturado este 28 de agosto e imputado por la Fiscalía, por los delitos de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años.
Un segundo caso se presentó en una residencia del sur oriente de esta ciudad. Allí el compañero de trabajo de la madre de una niña de 11 años, en por lo menos tres ocasiones entre diciembre de 2022 y enero de 2023, le habría realizado tocamientos a la menor cuando la progenitora no se encontraba en la casa.
El presunto abusador de 43 años fue capturado este 31 de agosto, en vía pública del barrio La Reliquia de la capital metense y la Fiscalía le imputó cargos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
Asimismo, en un tercer hecho, Yesid Fernández Bonilla fue capturado como presunto responsable de ingresar de manera abusiva a la residencia de la localidad de Barranca de Upía, ubicada al norte del departamento, donde habría realizado tocamientos de índole sexual a dos menores de 9 y 15 años mientras dormían, en la madrugada del pasado 18 de junio.
La captura se hizo efectiva el 30 pasado de agosto en área rural del municipio. El hombre fue imputado por la Fiscalía por el delito de actos sexuales con persona incapaz de resistir. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos endilgados por la entidad judicial.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
