META
Cárcel para tres hombres acusados de agredir sexualmente a menores de edad
Por solicitud de fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (CAIVAS), fueron enviados a la cárcel tres hombres que, en hechos independientes, habrían agredido sexualmente a cuatro menores de edad, en Villavicencio y Barranca de Upía (Meta), en hechos ocurridos entre abril de 2022 y junio de 2023.
Los procesados fueron capturados mediante orden judicial por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, y presentados para su judicialización ante jueces con de control de garantías.
En el primero de los hechos, Cristian Andrés Gómez Salamanca cuando trabajaba como vigilante en una clínica especializada en salud mental de Villavicencio, en abril de 2022, aprovechando su condición habría cometido conductas sexuales en contra de una menor de 14 años, quien se encontraba recibiendo tratamiento en dicha institución.
Según investigación, el detenido habría aprovechado la hora de la madrugada cuando la adolescente se encontraba en una zona de aislamiento y allí le habría realizado tocamientos y la habría accedido sexualmente al menos en dos oportunidades.
En vía pública del Camino Ganadero, Gómez Salamanca fue capturado este 28 de agosto e imputado por la Fiscalía, por los delitos de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años.
Un segundo caso se presentó en una residencia del sur oriente de esta ciudad. Allí el compañero de trabajo de la madre de una niña de 11 años, en por lo menos tres ocasiones entre diciembre de 2022 y enero de 2023, le habría realizado tocamientos a la menor cuando la progenitora no se encontraba en la casa.
El presunto abusador de 43 años fue capturado este 31 de agosto, en vía pública del barrio La Reliquia de la capital metense y la Fiscalía le imputó cargos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
Asimismo, en un tercer hecho, Yesid Fernández Bonilla fue capturado como presunto responsable de ingresar de manera abusiva a la residencia de la localidad de Barranca de Upía, ubicada al norte del departamento, donde habría realizado tocamientos de índole sexual a dos menores de 9 y 15 años mientras dormían, en la madrugada del pasado 18 de junio.
La captura se hizo efectiva el 30 pasado de agosto en área rural del municipio. El hombre fue imputado por la Fiscalía por el delito de actos sexuales con persona incapaz de resistir. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos endilgados por la entidad judicial.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
