CASANARE
Cárcel para responsable de cambiazo de tarjetas en cajeros de Yopal
La Fiscalía 10 local de Yopal confirmó la sentencia condenatoria en contra de Cristian Fernando Perdomo Cardozo, de 32 de edad, la sentencia fue emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal, a una pena de nueve meses de prisión, por el delito de Hurto por medios informáticos.
La fiscalía logró establecer que Perdomo Cardozo se dedicaba al cambio de tarjetas cuando las personas se intentaban retirar de los cajeros automáticos. El juez le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena; el condenado actualmente se encuentra recluido en la cárcel de la Guafilla.
El fraude en la modalidad de cambiazo sucede cuando la persona se encuentra realizando una transacción con tarjeta y permite la ayuda de terceras personas, que logran mediante engaños cambiar la tarjeta por otra con características similares y ver la clave personal, para posteriormente realizar transacciones fraudulentas.
Fuente: Seccional de Fiscalías de Casanare
La Secretaría de Movilidad de Yopal continúa fortaleciendo sus operativos de control en diversas zonas de la ciudad, enfocándose en garantizar una movilidad fluida y espacios públicos más seguros para todos los ciudadanos.
Estos patrullajes, realizados en estrecha colaboración con la Policía Nacional, incluyen la verificación de documentos de motocicletas y automóviles. El objetivo principal es reforzar el control sobre aquellas conductas que comprometen la seguridad vial, además de permitir la identificación de vehículos reportados como hurtados.
Los esfuerzos se concentran particularmente en parques, donde se han detectado situaciones como el consumo de sustancias y el estacionamiento indebido de vehículos con modificaciones ruidosas, que alteran la paz y el esparcimiento de la comunidad. Se busca así que los habitantes de Yopal puedan disfrutar plenamente de estos espacios públicos sin interrupciones ni molestias.
La Administración Municipal extiende una invitación a todos los ciudadanos para que colaboren activamente en el mantenimiento del orden y la seguridad. Es fundamental abstenerse del consumo de sustancias en áreas públicas y asegurar que la documentación de sus vehículos se encuentre siempre al día, contribuyendo así a la construcción de una movilidad más segura y tranquila para Yopal.
El presidente del sindicato Sintraemsdes de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), Fredy Isaza, advirtió que la situación financiera, administrativa y operativa de la entidad es “crítica” y aseguró que, tras dos años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, “ninguna de las causales por las cuales fue intervenida la empresa ha sido superada”. Según señaló, la intervención iniciada el 4 de octubre de 2023 no ha generado correctivos reales y, por el contrario, ha profundizado las dificultades.
Isaza explicó que durante el periodo de intervención se han adquirido créditos por cerca de $20 mil millones, compromisos que —aseguró— la empresa no podrá pagar. Indicó que a partir de octubre de 2026 la EAAAY deberá comenzar a cancelar dos mutuos con la Superservicios, con cuotas superiores a los $500 millones mensuales, una obligación que calificó como “imposible de asumir”, dado que actualmente la empresa no alcanza a cubrir sus propios costos de operación. “La misma Superintendencia que nos intervino por estar en crisis es la que nos endeuda y luego pretende cobrarnos”, cuestionó.
Cinco agentes interventores en 2 años
El dirigente sindical también manifestó preocupación por la inestabilidad en los agentes especiales designados por la Superservicios, pues en dos años han pasado cinco interventores, situación que —dijo— ha impedido la ejecución de un plan serio de recuperación. Sumado a ello, recordó que problemas estructurales como el relleno sanitario, que posee menos de un año de vida útil, así como los altos índices de agua no contabilizada, siguen sin resolverse. “La intervención no ha servido para nada; estamos igual o peor que antes”, afirmó.
Frente a los rumores sobre una posible devolución de la empresa al municipio, Isaza aclaró que, jurídicamente, esto no es viable mientras no se superen las causales de intervención. Señaló que lo más probable es que la medida sea ampliada más allá de febrero de 2026, fecha en que concluye la actual resolución, y advirtió que el sindicato espera que sea una extensión con fines de administración y no de liquidación.
“Lo público debe seguir siendo administrado por lo público. No podemos permitir que la crisis termine siendo la excusa para entregar la empresa a un privado”, puntualizó.
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