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Cárcel para presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ que delinque en Magdalena Medio y el Meta
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Juan David Parra Contreras, alias Orejas o Santi, señalado cabecilla de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del ‘Clan del Golfo’, que delinque en los municipios de la región del Magdalena Medio.
Este hombre sería el encargado de articular el cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes y transportadores, auspiciar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas como desplazamiento forzado y comercialización de pasta base de coca.
Contra alias Orejas o Santi pesaba una orden de captura obtenida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en Villavicencio (Meta), que lo investiga por conductas delictivas ejercidas años atrás en el oriente del país. En ese sentido, se le atribuye la supuesta participación en cuatro crímenes relacionados con los denominados ajustes de cuentas, además de exigencias económicas a ganaderos y comerciantes de municipios de Meta.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de: concierto para delinquir, extorsión, desaparición forzada, homicidio agravado; y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
El material de prueba indica que alias Orejas o Santi, luego de permanecer en los Llanos Orientales, se habría trasladado al Magdalena Medio para reemplazar a alias Firma, quien estuvo a cargo de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del ‘Clan del Golfo’.
Precisamente, Parra Contreras fue capturado en diligencia judicial realizada en el barrio San Martín Palomar de San Pablo (Bolívar). En la acción coordinada de la Fiscalía y la Policía Nacional se encontraron cuadernos y varios documentos que tendrían listados de personas y empresas víctimas de extorsión, así como los roles que cumplían los diferentes integrantes del grupo ilegal.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
