REGIÓN
Cárcel para integrantes de clan familiar señalados de producir cocaína en Caquetá
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó ante un juez con función de control de garantías a cinco personas que habrían integrado una organización ilegal encargada de producir cocaína en Caquetá.
Se trata de Carlos Julio Cerquera Reyes, Aura Lidia Carlos Scalante, Emmerson Andrés Álzate Duque, Camila Cerquera Claros y Carla Vanessa Cerquera Claros. Estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en varios inmuebles de Florencia (Caquetá).
En el operativo, adelantado con el apoyo del grupo antinarcóticos de Policía Nacional, fueron incautados cuatro kilogramos de cocaína. El material probatorio recolectado evidencia que estas personas se habrían coordinado para dinamizar la producción y comercio de las sustancias ilegales.
Para este fin contarían con sus propios cultivos y un laboratorio en zona rural de Florencia para el procesamiento de narcóticos. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía determinaron que los estupefacientes iban camuflados en electrodomésticos y encomiendas que eran enviados a través de una empresa de mensajería en Caquetá con destino a Bogotá.
Finalmente, en los lugares de destino distribuían a otras bandas ilegales las sustancias que eran comercializadas al menudeo. Para este fin, Álzate Duque se aprovecharía de su condición de trabajadores de esa empresa de mensajería, su rol era recoger los estupefacientes y aforarlos mediante encomiendas con el fin de evadir los controles de las autoridades. Además, sería el químico de la estructura, en su poder estaba el definir las sustancias controladas que debían ser adquiridas para el procesamiento de estupefacientes.
Información en poder del ente acusador evidenciaría que Cerquera Reyes sería el cabecilla de la red; además de ser quien velaba por las finanzas de la estructura, supervisaba el cultivo, la producción, y transporte de los alijos.
Por su parte, Carlos Scalante y las hermanas Cerquera Claros estarían encargadas de recibir los cargamentos en la capital del país, así como de entregarlos a los compradores habituales.
La Fiscalía imputó a los procesados, según su posible grado de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, cargos que no fueron aceptados. Por petición del ente acusador todos los procesados fueron enviados tras las rejas.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
