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Cárcel para desmovilizados de las Farc implicados en hurto y secuestro en el Meta
Por solicitud de un fiscal de la Seccional Meta fueron judicializados Ney Alexander Vesga Amaya, alias ‘Costeño’ y John Alejandro Rodríguez Sánchez, alias ‘Botija’; certificados desmovilizados de las FARC. También fue vinculada al proceso Anyi Yohanna Uribe Palencia, capturada en flagrancia con un celular reportado como robado en uno de los hurtos asociados.
Por decisión del Juzgado Noveno Penal Municipal los dos hombres fueron enviados a la cárcel, mientras que la mujer quedó vinculada al proceso judicial y deberá responder al mismo en libertad.
Estas decisiones se dan debido a la presunta relación de Vesga y Rodríguez con la banda delincuencial ‘Los Cargueros’, red ilegal que entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 habría contratado personas con vehículos y motocicletas que prestaban el servicio de carga para hurtarles los vehículos y las pertenencias.
Según la investigación los dos hombres contactaban a sus víctimas vía telefónica para que cumplieran supuestos servicios en zonas rurales. En dichos lugares eran intimidados con armas de fuego, amordazados, amarrados de pies y manos; y retenidos por varias horas; mientras se concretaban los robos.
Estas acciones se presentaron en área rural de los municipios de Guamal, Acacías y Villavicencio. Las capturas se cumplieron en los barrios Maranta y Girasoles de Villavicencio.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y receptación.
Ninguno aceptó su responsabilidad.
El ente acusador le solicitó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que Vesga y Rodríguez, como desmovilizados de las Farc, sean excluidos del programa de beneficios de no pagar las condenas emitidas en su contra por hechos similares ocurridos en 2016.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
