META
Cárcel para desmovilizados de las Farc implicados en hurto y secuestro en el Meta

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Meta fueron judicializados Ney Alexander Vesga Amaya, alias ‘Costeño’ y John Alejandro Rodríguez Sánchez, alias ‘Botija’; certificados desmovilizados de las FARC. También fue vinculada al proceso Anyi Yohanna Uribe Palencia, capturada en flagrancia con un celular reportado como robado en uno de los hurtos asociados.
Por decisión del Juzgado Noveno Penal Municipal los dos hombres fueron enviados a la cárcel, mientras que la mujer quedó vinculada al proceso judicial y deberá responder al mismo en libertad.
Estas decisiones se dan debido a la presunta relación de Vesga y Rodríguez con la banda delincuencial ‘Los Cargueros’, red ilegal que entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 habría contratado personas con vehículos y motocicletas que prestaban el servicio de carga para hurtarles los vehículos y las pertenencias.
Según la investigación los dos hombres contactaban a sus víctimas vía telefónica para que cumplieran supuestos servicios en zonas rurales. En dichos lugares eran intimidados con armas de fuego, amordazados, amarrados de pies y manos; y retenidos por varias horas; mientras se concretaban los robos.
Estas acciones se presentaron en área rural de los municipios de Guamal, Acacías y Villavicencio. Las capturas se cumplieron en los barrios Maranta y Girasoles de Villavicencio.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y receptación.
Ninguno aceptó su responsabilidad.
El ente acusador le solicitó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que Vesga y Rodríguez, como desmovilizados de las Farc, sean excluidos del programa de beneficios de no pagar las condenas emitidas en su contra por hechos similares ocurridos en 2016.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Ordenan compensar a víctimas en Puerto Alvira por abandono forzado de un predio

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.
La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.
El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.
El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.
Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.
La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.
Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
META
El ICA realizó brigada fitosanitaria para contribuir a la buena cosecha de frutas en el Meta

Con el fin de aplicar medidas fitosanitarias para control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región, el ICA realizó una jornada de supervisión y toma de muestras de las frutas que llegan para comercialización a la Central de Abastos de Villavicencio, actividades dirigidas a evitar la dispersión de la plaga y protección del estatus fitosanitario en áreas libres y de baja prevalencia de la mosca.
En la central de abastos de esta ciudad, se adelantaron actividades en 28 puntos de monitoreo, así como en predios traspatios del anillo vial circundante. El área tratada fue de cerca de 18 hectáreas con 538 árboles, entre mango, guayaba, pomarrosa, cítricos y una gran variedad de especies nativas y forestales.
Se utilizaron los insumos autorizados para las acciones de control, botellas plásticas para trampeo masivo y paneles amarillos para captura de adultos de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). Adicionalmente, y para reforzar las acciones de vigilancia, se realizó muestreo de frutos para determinar hospederos de la mosca de la fruta.
El ICA en el Meta trabaja para proteger los cultivos de exportación de fruta fresca como mangostino, rambután, papaya y cítricos en las zonas productoras de frutales del piedemonte, altillanura, Bajo y Alto Ariari y otros cultivos frutícolas como sandía, mango y piña, entre otros, que hacen parte de la economía campesina en los municipios de estas provincias.
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento en la prevención de la mosca de la fruta mediante el trabajo en equipo con productores y comercializadores en implementación de acciones de manejo para contribuir al mejoramiento en la calidad e inocuidad de la fruta para consumo interno y permitir el acceso a nuevos mercados de exportación.
Fuente: Comunicaciones ICA
META
Casa por cárcel para mujer que suministró burundanga a un extranjero para robarlo

La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer identificada como Vanessa Alexandra Contreras Nieto, como responsable de hurtar a un ciudadano extranjero en la ciudad de Villavicencio, en agosto de 2024.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta le imputó el delito de hurto calificado y agravado. La procesada aceptó su responsabilidad en el hecho.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Contreras Nieto contactó por una página web de citas a la víctima, con quien se encontró en el lugar donde se hospedaba.
Se conoció que esta mujer le suministró una sustancia tóxica que lo puso en estado de indefensión, para después apoderarse de sus pertenencias, avaluadas en más de 24 millones de pesos.
Un juez de control de garantías le impuso a Contreras Nieto medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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