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Cárcel para delicuentes que a la fuerza se apoderaban de tierras en el Meta
Por solicitud de un fiscal adscrito al Gaula, un juez de control de garantías de Villavicencio envió a la cárcel a cuatro hombres y una mujer quienes harían parte de una organización delincuencial conocida como ‘Los Porongos’.
Se trata de Fabio Nelson Valencia, Diego Armando Meza, John Fredy Marín Rueda, Óscar Arely Jiménez y Xiomara González Osorio quienes, según la Fiscalía sometían e intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y luego se apoderaban de sus predios. A las víctimas también les habrían hecho millonarias exigencias económicas para no atentar contra sus vidas.
Según la investigación de la Fiscalía “Los Porongos” habrían incurrido en delitos como extorsión e invasión de predios en los municipios de San Martín y San Carlos de Guaroa (Meta).
En desarrollo de las actividades ilícitas mencionadas, se cree que los detenidos se habrían apoderado de 2.2OO hectáreas de tierra avaluadas en mil millones de pesos.
Los investigados fueron capturados por uniformados del Grupo Gaula de la Policía Nacional y militares del Batallón Serviez del Ejército Nacional.
Por los hechos referidos la Fiscalía imputó a las seis personas cargos como presuntos responsables de los delitos de extorsión, concierto para delinquir e invasión de tierras. Ninguno de los procesados aceptó haber incurrido en los delitos imputados.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
