META
Capturados integrantes del ‘Clan del Golfo’ en Meta, Casanare y Cundinamarca
Luego de la captura de ‘Otoniel’, máximo cabecilla del Clan del Golfo el pasado sábado 23 de octubre de 2021, continúa la Ofensiva Operacional contra esta estructura criminal en el resto del país.
Es así como autoridades lograron asestar otro importante golpe afectando así la subestructura “Gonzalo Oquendo Urrego” del Clan del Golfo, con injerencia criminal en los departamentos del Meta y Casanare.
En Villavicencio fueron capturados los criminales: ‘Sebastián o Cejas’, ‘Pipe o Taiwán’, ‘Tasmania’, ‘Patiño’, ‘Barbas o Dunkler’ y ‘Robeiro’; estos dos últimos, en el peaje Chinauta de Fusagasugá – Cundinamarca y el municipio de Villanueva en Casanare respectivamente.
De acuerdo con los investigadores, estos sujetos contaban con roles determinantes al interior de la organización, entre los que se encuentran:
‘Sebastián o Cejas’: con 40 años de edad, es el principal cabecilla de finanzas, encargado del recaudo de los dineros en los departamentos del Meta y Casanare.
‘Barbas o Dunkler’: de 24 años de edad sería el segundo cabecilla de finanzas a cargo del recaudo de dinero en Villavicencio y Barranca de Upía en el Meta.
‘Pipe o Taiwán’: de 36 años, cumple su rol como cabecilla primero de narcotráfico de la organización, lidera las rutas clandestinas para el tráfico de estupefacientes en la región de la Orinoquía.
‘Tasmania’, ‘Patiño’ y ‘Robeiro’: se desempeñan como integrantes de la red urbana criminal al servicio del ‘Clan del Golfo’, principalmente en el casco urbano de la capital metense.
Al mismo tiempo, se estableció que estas seis personas cumplían más de 16 meses al servicio del Clan del Golfo y desarrollaban su actividad criminal en los departamentos del Meta y Casanare cuya financiación se soporta en el narcotráfico y disputa territorial con grupos de delincuencia organizada, la exigencia indiscriminada de extorsiones mediante amenazas a comerciantes, ganaderos, empresarios de la región de los Llanos Orientales.
Por otra parte, se logró establecer que estarían vinculadas de más de 20 hechos de homicidio registrados en el año 2020 y lo corrido del 2021 en departamento del Meta; entre estos, resalta la acción criminal que segó la vida del señor Pedro Pablo Roa García, Inspector de Policía de Villavicencio, el pasado julio del presente año.
Los seis capturados junto a los elementos incautados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía 187° de la Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado DECOC de la ciudad de Villavicencio, donde deberán responder por los delitos que se les señala.
Durante los procedimientos de captura, se logró la incautación de: seis equipos móviles celular, tres tarjetas sim card, un arma traumática tipo pistola, marca Ekol Jackl Dual, una caja de cartuchos calibre 20 milímetros y $26’500.000 en efectivo.
Fuente: Policía Meta
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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