META
Capturados integrantes del ‘Clan del Golfo’ en Meta, Casanare y Cundinamarca
Luego de la captura de ‘Otoniel’, máximo cabecilla del Clan del Golfo el pasado sábado 23 de octubre de 2021, continúa la Ofensiva Operacional contra esta estructura criminal en el resto del país.
Es así como autoridades lograron asestar otro importante golpe afectando así la subestructura “Gonzalo Oquendo Urrego” del Clan del Golfo, con injerencia criminal en los departamentos del Meta y Casanare.
En Villavicencio fueron capturados los criminales: ‘Sebastián o Cejas’, ‘Pipe o Taiwán’, ‘Tasmania’, ‘Patiño’, ‘Barbas o Dunkler’ y ‘Robeiro’; estos dos últimos, en el peaje Chinauta de Fusagasugá – Cundinamarca y el municipio de Villanueva en Casanare respectivamente.
De acuerdo con los investigadores, estos sujetos contaban con roles determinantes al interior de la organización, entre los que se encuentran:
‘Sebastián o Cejas’: con 40 años de edad, es el principal cabecilla de finanzas, encargado del recaudo de los dineros en los departamentos del Meta y Casanare.
‘Barbas o Dunkler’: de 24 años de edad sería el segundo cabecilla de finanzas a cargo del recaudo de dinero en Villavicencio y Barranca de Upía en el Meta.
‘Pipe o Taiwán’: de 36 años, cumple su rol como cabecilla primero de narcotráfico de la organización, lidera las rutas clandestinas para el tráfico de estupefacientes en la región de la Orinoquía.
‘Tasmania’, ‘Patiño’ y ‘Robeiro’: se desempeñan como integrantes de la red urbana criminal al servicio del ‘Clan del Golfo’, principalmente en el casco urbano de la capital metense.
Al mismo tiempo, se estableció que estas seis personas cumplían más de 16 meses al servicio del Clan del Golfo y desarrollaban su actividad criminal en los departamentos del Meta y Casanare cuya financiación se soporta en el narcotráfico y disputa territorial con grupos de delincuencia organizada, la exigencia indiscriminada de extorsiones mediante amenazas a comerciantes, ganaderos, empresarios de la región de los Llanos Orientales.
Por otra parte, se logró establecer que estarían vinculadas de más de 20 hechos de homicidio registrados en el año 2020 y lo corrido del 2021 en departamento del Meta; entre estos, resalta la acción criminal que segó la vida del señor Pedro Pablo Roa García, Inspector de Policía de Villavicencio, el pasado julio del presente año.
Los seis capturados junto a los elementos incautados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía 187° de la Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado DECOC de la ciudad de Villavicencio, donde deberán responder por los delitos que se les señala.
Durante los procedimientos de captura, se logró la incautación de: seis equipos móviles celular, tres tarjetas sim card, un arma traumática tipo pistola, marca Ekol Jackl Dual, una caja de cartuchos calibre 20 milímetros y $26’500.000 en efectivo.
Fuente: Policía Meta
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
