META
Capturados cuatro presuntos cabecillas de la estructura Renacer Erpac que delinque en el Meta
Autoridades del Meta adelantaron operativo contra el componente criminal del grupo armado organizado ‘Renacer ERPAC’, tras materializar la captura de cuatro de sus cabecillas y un integrante de esta estructura criminal.
La operación se ejecutó de manera simultánea contra este grupo delincuencial en la ciudad de Bogotá, Cali y en los municipios de Restrepo y Puerto Gaitán en el departamento del Meta, donde se materializó logrando la captura de cada uno de los integrantes de este grupo organizado, conocidos con los alias de ‘Caquetá’, ‘Huila’, ‘Flecha Veloz’, ‘Zarco’ y ‘Temblador’.
Las autoridades señalan que estos cabecillas son los principales de la confrontación armada entre el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia en los departamentos del Meta y Guaviare, por el control territorial, atribuyéndoles ocho homicidios dentro de ellos dos masacres en la vereda el Tigre de Puerto López y en Puerto Gaitán, Meta.
Prontuario delictivo
Alias ‘Caquetá’: Cabecilla Principal con más de 20 años de trayectoria criminal, inicio en el 2003 en las Autodefensas Unidad de Colombia AUC, hizo parte del ERPAC, posteriormente del grupo delincuencial organizado los Puntilleros, estructura Libertadores del Vichada.
Alias ‘Huila’: cabecilla armado con más de 20 años de trayectoria criminal, inicio como integrante del frente 25 Rigoberto Lozada FARC-EP, paso a las filas del frente 17, fungió como cabecilla de escuadra guerrillera, para el año 2022 ingresó como cabecilla armado al ERPAC.
Alias ‘Flecha Veloz’: cabecilla financiero ingresó al grupo delincuencial organizado Renacer ERPAC en el año 2022, era el encargado de la recolección de dineros por extorsión a ganaderos y comerciantes, el cobro del impuesto por el transporte de estupefacientes, venta de microtráfico en cabeceras municipales.
Alias ‘Zarco’: cabecilla de zona del municipio de Villavicencio, era el encargado de realizar extorsiones a ganaderos y comerciantes, cobro de dineros a traficantes de estupefacientes y expendedores de microtráfico.
Alias ‘Temblador’: integrante de este grupo criminal, durante el procedimiento de captura en la ciudad de Cali, confronta a las autoridades resultado lesionado por arma de fuego en el hombro derecho, quien se encuentra fuera de peligro en un centro asistencial de esta ciudad, custodiado por miembros de la Policía Nacional.
Estos sujetos fueron puesto a disposición de la fiscalía 187 Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado (DECOC) de Villavicencio, donde deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso con homicidio agravado.
Fuente: Policía Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
