META
Capturados 12 integrantes del grupo delincuencial “Los Juanitos” que delinque en el Meta
Autoridades lograron materializar la captura por orden judicial de doce personas, presuntamente integrantes del Grupo Delincuencia Común Organizado ‘Los Juanitos’, buscadas por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y terrorismo.
Este operativo se desarrolló de manera simultánea en los municipios de Cúcuta, (Norte de Santander) y Villavicencio, San Martín, Puerto Gaitán y Granada en el departamento del Meta, donde fueron capturados los actores criminales conocidos en el ambiente criminal como: ‘Chiqui’, ‘Steven’, ‘Cejas’, ‘Cusumbo’, ‘Torrelón’, ‘Diecinueve’, ‘Enano’, ‘Flaco’, ‘Manotas’, ‘Karen’, ‘Aleja’ y ‘Mercedes’.
‘Los Juanitos’, liderada por los hermanos Quintero Poveda, conocidos con los alias de ‘Juanito’, ‘Meneo’ y ‘Yordy’, actualmente recluidos en centros penitenciarios; sin embargo, mediante llamadas telefónicas realizadas desde las cárceles continúan su actuar criminal a través de la extorsión con apoyo de sus demás integrantes.
Modus Operandi
Su injerencia de operaciones se centra en los municipios de San Martín, Acacías, Granada y Puerto Lleras (Meta) contra comerciantes, agricultores y ganaderos a quienes les exigen mediante amenazas pagos económicos que oscilan entre los cinco y cincuenta millones de pesos a cambio de permitirles continuar con su actividad económica y de no atentar contra la integridad personal, familiar o de sus trabajadores.
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Esta estructura delincuencial común organizada para generar mayor intimidación, se identificaba como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y como medida de presión, realizaban lanzamiento de artefactos explosivos y disparos a establecimientos comerciales.
Capturados sicarios de “Los Juanitos”
Dentro de los hoy capturados, se encuentra los sujetos señalados de comer las acciones de sicariato; alias ‘Cusumbo’, ‘El Flaco’, ‘Torrelón’ y ‘Enano’, quienes eran los encargados de realizar los atentados contra las víctimas que se negaban a pagar las exigencias económicas.
Los demás integrantes de esta estructura criminal estarían encargados de recopilar información de las víctimas, abordarlas y pedir los números telefónicos; así mismo, de realizar los cobros que eran consignados a sus cuentas bancarias producto de las exacciones que realizaban a los agricultores y ganaderos.
Los capturados entre los que se encuentran nueve hombres y tres mujeres entre los 19 y 55 años de edad, fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía No. 03 Especializada ante el GAULA, donde deberán responder judicial y penalmente por los delitos descritos.
Fuente: Policía Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
