META
Capturado en el Meta cabecilla de ‘Los Trocheros’ junto a seis de sus colaboradores
Un operativo permitió en las últimas horas la desarticulación del grupo de delincuencia común, ‘Los Trocheros’, dedicados al secuestro extorsivo y a la extorsión en la región del Ariari, departamento del Meta.
Autoridades lograron un total de siete capturas de manera simultánea, las cuales se realizaron en la ciudad de Bogotá y los municipios de Cajamarca en el Tolima; Tocancipá, Cundinamarca; Cartagena del Chaira en Caquetá y Vista Hermosa, jurisdicción del Meta.
Entre los capturados se encuentran el principal cabecilla y el resto de sus integrantes conocidos en el ambiente criminal como: ‘Rasputín o Pitufo’, ‘Orlando’, ‘El Mono’, ‘Araguato’, ‘El Médico’, ‘La Chiquita’ y ‘Yadira’, quienes fueron notificados de las órdenes de captura emanadas por un Juzgado del departamento Meta, por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión, concierto para delinquir con fines de secuestro y extorsión, porte ilegal de armas y hurto.
Durante el desarrollo de la operación, en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta, fue hallada una caleta que almacenaba material de guerra e intendencia, chalecos balísticos y elementos de comunicación.
De acuerdo a los análisis de inteligencia y las acciones de campo en investigación criminal, se identificó que ‘Los Trocheros’ es una estructura conformada por exintegrantes de antiguas estructuras de las FARC, siendo su cabecilla alias ‘Carlos’, ‘Rasputín’ o ‘Pitufo’, quien fue capturado durante esta operación en Cartagena de Chaira, Caquetá, y que delinquió en la antigua columna móvil ‘Daniel Aldana’ de ese mismo grupo guerrillero.
Alias ‘Carlos’, ‘Rasputín’ o ‘Pitufo’ como es conocido, cuenta en su trayectoria criminal varios antecedentes por delitos como rebelión, fuga de presos, hurto y fabricación, tráfico, porte y/o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y/o municiones.
Actuar delictivo de Los Trocheros
Asimismo, ‘Los Trocheros’ serían los responsables de siete hechos de secuestro extorsivo registrados para el año 2022 en municipios del sur del departamento del Meta, afectando a ganaderos, comerciantes y agricultores, quienes eran privados de su libertad entre 8 a 15 días y por quienes se realizaban exigencias de pago de altas sumas de dinero que oscilaban entre los 300 y 1.000 millones de pesos por su liberación.
En su actuar delictivo, esta estructura se identificaba como supuestos integrantes de la Segunda Marquetalia, frente ‘Alfonso Cano’, difundiendo panfletos alusivos a esa organización criminal y generando extorsiones. La región afectada corresponde a los municipios de Granada, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Fuentedeoro, San Juan de Arama en el Meta.
Los siete capturados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelanta el proceso de judicialización y deberán responder por los delitos ya descritos.
Fuente: Policía Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
