META
Capturado en el Meta cabecilla de ‘Los Trocheros’ junto a seis de sus colaboradores
Un operativo permitió en las últimas horas la desarticulación del grupo de delincuencia común, ‘Los Trocheros’, dedicados al secuestro extorsivo y a la extorsión en la región del Ariari, departamento del Meta.
Autoridades lograron un total de siete capturas de manera simultánea, las cuales se realizaron en la ciudad de Bogotá y los municipios de Cajamarca en el Tolima; Tocancipá, Cundinamarca; Cartagena del Chaira en Caquetá y Vista Hermosa, jurisdicción del Meta.
Entre los capturados se encuentran el principal cabecilla y el resto de sus integrantes conocidos en el ambiente criminal como: ‘Rasputín o Pitufo’, ‘Orlando’, ‘El Mono’, ‘Araguato’, ‘El Médico’, ‘La Chiquita’ y ‘Yadira’, quienes fueron notificados de las órdenes de captura emanadas por un Juzgado del departamento Meta, por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión, concierto para delinquir con fines de secuestro y extorsión, porte ilegal de armas y hurto.
Durante el desarrollo de la operación, en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta, fue hallada una caleta que almacenaba material de guerra e intendencia, chalecos balísticos y elementos de comunicación.
De acuerdo a los análisis de inteligencia y las acciones de campo en investigación criminal, se identificó que ‘Los Trocheros’ es una estructura conformada por exintegrantes de antiguas estructuras de las FARC, siendo su cabecilla alias ‘Carlos’, ‘Rasputín’ o ‘Pitufo’, quien fue capturado durante esta operación en Cartagena de Chaira, Caquetá, y que delinquió en la antigua columna móvil ‘Daniel Aldana’ de ese mismo grupo guerrillero.
Alias ‘Carlos’, ‘Rasputín’ o ‘Pitufo’ como es conocido, cuenta en su trayectoria criminal varios antecedentes por delitos como rebelión, fuga de presos, hurto y fabricación, tráfico, porte y/o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y/o municiones.
Actuar delictivo de Los Trocheros
Asimismo, ‘Los Trocheros’ serían los responsables de siete hechos de secuestro extorsivo registrados para el año 2022 en municipios del sur del departamento del Meta, afectando a ganaderos, comerciantes y agricultores, quienes eran privados de su libertad entre 8 a 15 días y por quienes se realizaban exigencias de pago de altas sumas de dinero que oscilaban entre los 300 y 1.000 millones de pesos por su liberación.
En su actuar delictivo, esta estructura se identificaba como supuestos integrantes de la Segunda Marquetalia, frente ‘Alfonso Cano’, difundiendo panfletos alusivos a esa organización criminal y generando extorsiones. La región afectada corresponde a los municipios de Granada, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Fuentedeoro, San Juan de Arama en el Meta.
Los siete capturados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelanta el proceso de judicialización y deberán responder por los delitos ya descritos.
Fuente: Policía Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
