CASANARE
Capresoca sigue afectada por atención de pacientes accidentados, y para eso no recibe recursos
En la medida en que se van reactivando los diferentes sectores en el Departamento y los ciudadanos tienen menos restricción para salir de sus casas, se han incrementado los accidentes de tránsito que generan un gran impacto social, no solo por la tragedia que representa para la familia, sino por las consecuencias tanto físicas como legales que resultan de estos eventos.
Teniendo en cuenta que finalmente las EPS son las entidades que terminan asumiendo los costos de las lesiones e incapacidades generadas por estos hechos, la gerente de Capresoca EPS, Nuria Yarley Bohórquez Peña, hizo un llamado a todos los ciudadanos a tener precaución, usar todos los elementos de seguridad y, sobre todo, respetar las normas de tránsito.
La gerente de la entidad señaló que, como resultado de las coberturas en diferentes servicios, entre hospitalización, cirugías, atenciones domiciliarias, entregas de implementos y apoyos terapéuticos, la EPS paga alrededor de 12 mil millones de pesos al año para atender pacientes de accidentes de tránsito, en algunas situaciones son personas que quedan con secuelas de por vida y Capresoca les tiene que garantizar el acceso a tratamientos.
El llamado a tomar conciencia sobre la responsabilidad que se tiene al conducir un vehículo, no solo se enfoca en el gasto económico que genera, sino en la repercusión social, teniendo en cuenta que en caso de pacientes cuadripléjicos o con traumas mayores, la familia es quien finalmente debe afrontar esta situación, que representa un alto costo físico y mental, de ahí la necesidad de evitar que se sigan presentando accidentes de esta naturaleza.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
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