ARAUCA
Cancillería estableció diagnóstico para reapertura de frontera en Arauca
Concluyó la visita de la Cancillería de Colombia al departamento de Arauca, donde cada una de las instituciones que tienen que ver con la dinámica de la frontera establecieron pautas para dar un buen inicio a este propósito liderado por el presidente Gustavo Petro.
La gobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo acompañó cada uno de los encuentros aportando estrategias y solicitudes ante esta nueva política del gobierno nacional.
Solicitudes de la Gobernadora
- Evaluación y adecuación de la infraestructura física del puente José Antonio Páez para su correcta operatividad
- Habilitar los embarcaderos fluviales como pasos regulares en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena.
- Estudiar la posibilidad de habilitar nuevos pasos formales en cada municipio fronterizo del Departamento.
- Creación y puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Atención en Frontera CENAF y el Centro Binacional de Atención en Frontera CEBAF.
- Garantizar recursos financieros para la contratación de talento humano y herramientas tecnológicas, especialmente los que se requieren en materia de salud e insumos, que permitan la operatividad continua de los programas de inmunización y control de enfermedades.
- Evaluación y adecuación de la infraestructura física del puente José Antonio Páez para su correcta operatividad.
Ante estas solicitudes y el aporte de los distintos sectores se determina por ahora:
- En primera medida se debe revisar a través del Instituto de INVIAS la condición en el que se encuentra el único paso fronterizo adecuado como lo es el puente José Antonio Páez.
- Establecer pasos legales o pasos fluviales fronterizos en los municipios de Arauca y Arauquita.
- Activación de todo el sistema de control fronterizo por parte de entidades como la DIAN, Migración, Controles de la Policía, Armada y Ejercito en temas de seguridad para determinar las condiciones de cada una de las personas que ingresen o salgan de Colombia.
Se lleva entonces el gobierno nacional a través de la Cancillería de Colombia un documento importante que tiene una lista amplia de situaciones, condiciones, necesidades, estrategias y por supuesto de iniciativas que se deben adelantar a futuro.
De tal manera que el departamento de Arauca saque provecho de esto para mejorar las relaciones con el país vecino y beneficiarse en temas que apunten al intercambio comercial.
Fuente: Gobernación de Arauca
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
