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Campesinos sobrevivientes a masacre de Mapiripán retornarán a sus tierras
La pesadilla del destierro llegó a su fin para los integrantes de una familia sobreviviente a la masacre de Mapiripán, tras la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, que declaró a una pareja y sus tres hijos, víctimas de abandono forzado de tierras y ordenó restituirles su predio rural de 127 hectáreas y 619 metros cuadrados.
En el año 1986, la familia Pinzón* adquirió mediante negocio de compraventa, un terreno ubicado en la vereda Caño Evaristo, en el que construyó algunas mejoras y estableció cultivos de maíz, cacao, algodón, plátano, caña de azúcar y además dedicó a la ganadería bovina. Su suerte cambió cuando en la zona, comenzaron a presentarse enfrentamientos entre guerrilleros de las Farc y paramilitares acabando con la tranquilidad de la vereda. A comienzos de 1997, los Pinzón, decidieron viajar a Villavicencio y días después don Juan, * el jefe del hogar regresó solo al predio.
En julio de ese mismo año, cuando ocurrió la masacre perpetrada por paramilitares, don Juan* se encontraba en la finca junto con el encargado. Aquel día, al escuchar los disparos, salieron corriendo rumbo a la sabana, milagrosamente lograron escapar hacia un sitio seguro y luego pudieron salir hacia Villavicencio. Infortunadamente, varios de sus vecinos y amigos no corrieron con la misma suerte pues varios de ellos fueron masacrados.
Con el paso del tiempo, los Pinzón* acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que recuperaran sus tierras abandonadas.
Jenny Andrea Capote, directora territorial de la Unidad en el departamento de Meta, indicó que “nos llena de inmensa satisfacción entregar esta gran noticia porque esta familia esperaba con ansias retornar a sus tierras y ponerlas a producir. Con esta
decisión judicial, demostramos que la restitución garantiza el retorno al campo y trasforma vidas”.
La familia Pinzón*, además, tendrá derecho a otros beneficios como subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, y acompañamiento por parte de entidades del Estado como contribución a reparación integral.
Finalmente, cabe destacar que, hasta la fecha, en Mapiripán se han presentado 1.542 solicitudes ante la Unidad de Restitución de Tierras, de las cuales 925 han sido resueltas con decisión de fondo y 588 se encuentran en trámite. A su vez, se han restituido alrededor de 1.000 hectáreas, se emitido 41 sentencias por parte de jueces y magistrados de restitución, siendo este el municipio del Meta con mayor número de solicitudes y también con mayor número de sentencias proferidas.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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