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Campesino que recuperó predio en Meta ahora es un próspero cacaotero
Gracias al apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras José Guillermo Cárdenas y su familia lograron consolidarse como emprendedores del campo llanero a pesar de las dificultades de comercialización causados por la emergencia sanitaria. El campesino, quien dejó atrás su condición de víctima, implementó un proyecto productivo de dos hectáreas de cacao en sistema agroforestal utilizando la siembra de plátano como sombrío.
Don José recuperó el predio “El Jardín” en 2015 con sentencia que ordenó restituir siete hectáreas y 5.603 metros cuadrados, ubicado en la vereda Sardinata Trocha 4 del municipio de Granada. Él fue víctima de la violencia paramilitar que acechó la región del Ariari.
En junio de 2008, Cárdenas y su familia, fueron obligados a abandonar su finca y a huir hacia Bogotá, debido a que los grupos de autodefensas que delinquían en la zona asesinaron a dos de sus sobrinos y después amenazaron de muerte a todos los integrantes de la familia.
Wilson Leyton, director de la Unidad en Meta, destacó que en medio de la pandemia, los Cárdenas han logrado sacarles el máximo provecho a sus tierras restituidas, porque además de vender su segunda cosecha de 800 kilos cacao a la Asociación Asopcari, recientemente comercializaron 21 kilos de plátano, mejorando sus ingresos y aportando así a la seguridad alimentaria del departamento.
Leyton agregó que para poner en marcha esta línea productiva, la URT aportó al beneficiario un subsidio por $24 millones que se destinaron al establecimiento de los cultivos y de una huerta casera para el autoabastecimiento, también se les brindó asesoría técnica.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
