META
Campaña logró recoger gran cantidad de alimento para “Bioparque Los Ocarros”
Los 240 kilos de alimento fueron posibles gracias a la campaña “No están solos” liderada por el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Ambientales y la empresa privada.
Inmediatamente los bultos de concentrado enmelezado donados por la empresa Procampeón llegaron a la Base Aérea “Capitán Luis Francisco Gómez Niño” de Villavicencio, la Autoridad Ambiental del Meta dispuso su equipo logístico y humano para garantizar que este alimento llegara lo más pronto posible a los animales silvestres que viven en el parque.
Cormacarena fue la primera CAR en implementar la Campaña #NoEstánSolos junto a la Gobernación del Meta con la instalación de comederos en las calles del Villavicencio para perros y gatos sin hogar, y la búsqueda de ayudas de concentrado para estos animales, iniciativa que se extendió a las Corporaciones Ambientales, en especial para las especies silvestres del país.
Desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio la Corporación ha contribuido con recursos económicos al Bioparque, en el marco del convenio con Corpometa, para garantizar la atención médico veterinaria de los animales que se encuentran en el Centro de Atención y Valoración – CAV, pero este aporte no cubre con todas las necesidades que tiene Los Ocarros actualmente.
A la fecha, el Bioparque Los Ocarros cuenta con más de 660 animales que deben recibir atención médica veterinaria, alimentos y medicinas diariamente, operación que implica pago de personal y gastos administrativos que generan un costo de 180 millones de pesos mensuales aproximadamente, recursos que en parte se recibían a través de las entradas de público, pero que la cuarentena impidió ingresaran desde marzo.
La Corporación invita a continuar con las donaciones para garantizar la subsistencia de los animales que hacen parte del lugar, lo interesados pueden hacer sus donaciones a la cuenta de ahorros 21003174635 de Caja Social, con el NIT 822002732-4 a nombre del Bioparque Los Ocarros; o puede apoyar con alimentos perecederos como frutas y carne, o no perecederos como concentrados.
Fuente: Cormacarena
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
