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Cámaras de vigilancia refuerzan seguridad en la región del río Meta
La Gobernación del Meta realizó el mantenimiento preventivo y correctivo para la puesta en marcha de circuitos cerrados de televisión en los municipios de Barranca de Upía, Cabuyaro y Puerto López
En total son 69 cámaras de vídeo vigilancia que se encuentra en funcionamiento las 24 horas del día y que se suman a las estrategias en materia de seguridad que adelanta el Gobierno departamental para reducir los índices delincuenciales en la región del río Meta.
En Barranca de Upía son 15 las cámaras que apoyan el trabajo que realiza el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional. Desde una sala de monitoreo, los uniformados en tres turnos diarios observan las principales calles, entradas y salidas del municipio, para mantener control de los vehículos que se movilizan entre los departamentos de Meta y Casanare.
El jefe de Telemática del Comando de Policía Meta, mayor Jackson Ramírez, destacó la sala de monitoreo de Cabuyaro como una de los mejores de la región, argumentando que cuenta con los estándares tecnológicos solicitados desde su dependencia y que las 20 cámaras apoyan el trabajo de sus policías.
Cabuyaro también es uno de los 17 municipios beneficiados con esta inversión de más de 4.000 millones de pesos que realizó la Secretaría de Gobierno y Seguridad del Meta para que 274 cámaras de vídeo vigilancia entraran en funcionamiento.
Por otra parte, las calles de Puerto López también son monitoreadas por 35 cámaras. En este municipio, el sistema de vídeo vigilancia ha apoyado las labores del grupo Gaula Policía en la identificación de una banda que se dedicaba a la extorsión de comerciantes.
Por último, la región del río Meta se prepara para llevar a cabo este 19 de octubre, el consejo de seguridad regional Casanare – Meta en Puerto López, que reúne a toda la institucionalidad y altos mandos militares y de Policía de los dos departamentos; esto con el fin de hacer seguimiento y reforzar las medidas y estrategias que brindan seguridad a los habitantes, y blindan del delito a ocho municipios limítrofes que aportan en gran medida a la economía de la Orinoquia.
Fuente: Gobernación del Meta
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
