CASANARE
Cámara de Comercio pide a Alcaldes de Casanare ampliar plazos para pagar impuestos
Atendiendo la difícil situación que afrontan los comerciantes y empresarios del departamento como consecuencia de las medidas implementadas para contener la pandemia de Covid-19, la Cámara de Comercio de Casanare (CCC), envió a los 19 alcaldes, comunicaciones formales en las que respetuosamente solicito que en el marco de sus competencias, consideren adoptar modificaciones en materia de impuestos y obligaciones tributarias municipales para aliviar a los contribuyentes.
El tejido empresarial de Casanare está afectado por el cese parcial o total de sus actividades, reduciendo las posibilidades de cumplir con sus compromisos tributarios, financieros y laborales, entre otros.
Lo anterior, se refleja en la Encuesta de Impacto Económico del Covid-19 que realiza la entidad gremial, articulada con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), en donde preliminarmente se conoció que el 97% de las empresas disminuyeron las ventas; para 6 de cada 10 estás cayeron más del 90%; casi el 80% de las unidades productivas cerraron temporalmente y el mismo porcentaje de empresarios considera que medidas tributarias como la extensión de plazos, facilidades de pago y suspensión de términos de cobros coactivos deben ser priorizadas por el gobierno para recuperar la economía.
Las modificaciones propuestas por la CCC durante esta semana a los mandatarios locales, en materia de impuestos y obligaciones fueron:
– Ampliar los plazos para el pago de impuestos y demás obligaciones tributarias.
– Eliminar de manera temporal o definitiva el concepto anticipo del impuesto de Industria y Comercio, en aquellos municipios en donde está establecida esta obligación.
– Establecer la posibilidad que los contribuyentes accedan a la opción de pagar en cuotas el impuesto predial unificado y el impuesto de Industria y Comercio.
La Entidad Gremial, explica que estas medidas y las que consideren colocar en marcha las administraciones municipales serán importantes alivios para los comerciantes y empresarios, así como una forma efectiva de ayudarles a cumplir con sus obligaciones sin que su flujo de caja se agote. De igual manera, esto permitirá que no se destruya más empleo (mayor desempleo) o se llegue al peor de los escenarios, que sería el cierre definitivo de los establecimientos comerciales o empresas.
También la entidad mercantil expresó a los alcaldes su permanente disposición y vocación de trabajo mancomunado para explorar las opciones de apoyo que ayuden a los comerciantes y empresarios casanareños en el esfuerzo que tendrán que realizar para la recuperación de la actividad económica.
Fuente: Cámara de Comercio de Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
