CASANARE
Cámara de Comercio pide a Alcaldes de Casanare ampliar plazos para pagar impuestos
Atendiendo la difícil situación que afrontan los comerciantes y empresarios del departamento como consecuencia de las medidas implementadas para contener la pandemia de Covid-19, la Cámara de Comercio de Casanare (CCC), envió a los 19 alcaldes, comunicaciones formales en las que respetuosamente solicito que en el marco de sus competencias, consideren adoptar modificaciones en materia de impuestos y obligaciones tributarias municipales para aliviar a los contribuyentes.
El tejido empresarial de Casanare está afectado por el cese parcial o total de sus actividades, reduciendo las posibilidades de cumplir con sus compromisos tributarios, financieros y laborales, entre otros.
Lo anterior, se refleja en la Encuesta de Impacto Económico del Covid-19 que realiza la entidad gremial, articulada con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), en donde preliminarmente se conoció que el 97% de las empresas disminuyeron las ventas; para 6 de cada 10 estás cayeron más del 90%; casi el 80% de las unidades productivas cerraron temporalmente y el mismo porcentaje de empresarios considera que medidas tributarias como la extensión de plazos, facilidades de pago y suspensión de términos de cobros coactivos deben ser priorizadas por el gobierno para recuperar la economía.
Las modificaciones propuestas por la CCC durante esta semana a los mandatarios locales, en materia de impuestos y obligaciones fueron:
– Ampliar los plazos para el pago de impuestos y demás obligaciones tributarias.
– Eliminar de manera temporal o definitiva el concepto anticipo del impuesto de Industria y Comercio, en aquellos municipios en donde está establecida esta obligación.
– Establecer la posibilidad que los contribuyentes accedan a la opción de pagar en cuotas el impuesto predial unificado y el impuesto de Industria y Comercio.
La Entidad Gremial, explica que estas medidas y las que consideren colocar en marcha las administraciones municipales serán importantes alivios para los comerciantes y empresarios, así como una forma efectiva de ayudarles a cumplir con sus obligaciones sin que su flujo de caja se agote. De igual manera, esto permitirá que no se destruya más empleo (mayor desempleo) o se llegue al peor de los escenarios, que sería el cierre definitivo de los establecimientos comerciales o empresas.
También la entidad mercantil expresó a los alcaldes su permanente disposición y vocación de trabajo mancomunado para explorar las opciones de apoyo que ayuden a los comerciantes y empresarios casanareños en el esfuerzo que tendrán que realizar para la recuperación de la actividad económica.
Fuente: Cámara de Comercio de Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
