REGIÓN
Boyacá en alerta roja por probabilidad de incendios forestales en 69 municipios
A través del préstamo de maquinaria, gestión interadministrativa, asesoría técnica y la vinculación de capital humano para mitigar las emergencias, la Gobernación de Boyacá viene atendiendo los incendios de cobertura vegetal que se han registrado en los primeros días de este año en el departamento.
En articulación con el Gobierno nacional, las alcaldías municipales y los organismos de socorro, la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres trabaja para controlar y sofocar las llamas y, de esta manera, salvaguardar los recursos naturales y su biodiversidad.
Jaisson Carreño, director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, informó que en el transcurso de 2024 se han reportado 13 incendios forestales en diferentes regiones del departamento.
“Ayer en la noche estaba activo el incendio que se presentaba en el Cerro Cruz de Mayo en el municipio de Panqueba. Por fortuna, en la mañana de hoy (martes) se controló y liquidó por completo”, destacó Carreño.
El funcionario afirmó que cerca de 92 hectáreas de vegetación nativa han sido arrasadas por las conflagraciones que se han reportado este año.
“Se trata de un informe preliminar que nos entregan los cuerpos de bomberos, sin embargo, la cifra definitiva de hectáreas quemadas las entregará Corpoboyacá, entidad a la que le compete desarrollar el levantamiento topográfico”, explicó.
Resaltó, además, la labor que realizan los 51 cuerpos de bomberos existentes en el departamento, así como la Defensa Civil, la Cruz Roja y demás organismos de socorro.
De acuerdo con el más reciente boletín emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), 69 municipios de Boyacá están en alerta roja por probabilidad de incendios de cobertura vegetal, mientras que 19 se encuentran en alerta naranja y 8 están en alerta amarilla.
Adicionalmente, cuatro registran problemas de desabastecimiento de agua. Se trata de Paipa, Motavita, Firavitoba y Soracá.
Ante este panorama, desde la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres instaron a las alcaldías de los 123 municipios a activar los planes de contingencia elaborados para enfrentar este tipo de emergencias.
“A los municipios afectados por escasez de agua les estamos brindando apoyo por medio del préstamo de los siete carrotanques con los que cuenta la unidad. Por su parte, el municipio se encarga de llevar el recurso hídrico, a través de la compra agua en bloque a proveedores autorizados”, mencionó Carreño.
El director enfatizó que las alcaldías son los principales responsables de garantizar los servicios públicos a los habitantes en sus territorios.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
