REGIÓN
Boyacá declara la emergencia en salud pública por brote de dengue
El gobernador Carlos Amaya Rodríguez, declaró la emergencia en salud pública por brote tipo II de dengue y adoptó un plan de contingencia para la gestión, atención y control de esta enfermedad, transmitida por vectores en el departamento.
Óscar Manuel Jiménez Espinosa, secretario de Salud de Boyacá, señaló que el departamento cumple con las condiciones epidemiológicas para brote de dengue tipo II, de acuerdo con los lineamientos legales de la Circular No. 013 del 2023, expedida por el Ministerio de Salud, el cual establece los criterios para la declaratoria del brote epidemiológico por dengue en los departamentos y distritos.
Teniendo en cuenta la información generada por el Comité de Vigilancia Epidemiológica, socializada en Consejo de Gobierno y en Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo, se tomó la decisión de hacer la declaratoria y generar un plan de contingencia para enfrentar, de la mejor manera y en conjunto con las IPS, EPS, alcaldías municipales y actores interesados, los casos que se registren en pro de ofrecer una atención más oportuna y evitar que el dengue genere una situación de mayor afectación a la salud pública.
Desde la sectorial indicaron que es importante que la comunidad tenga presente los principales síntomas para que no se automediquen, consulten de manera oportuna los servicios de salud y eviten llegar a complicaciones severas e incluso la muerte.
Entre los principales síntomas están fiebre, dolor de cabeza severo, dolor muscular generalizado, hemorragias, vómito, dolor abdominal y alteraciones del estado conciencia.
Manuel Medina Camargo, referente del Programa de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, aseguró que el país está atravesando por un brote de dengue importante desde 2023 y el departamento de Boyacá no ha sido ajeno a esta condición epidemiológica.
En el transcurso de 2024 se han reportado 1.087 casos, un incremento considerable respecto al 2023, año en el que fueron reportados 600 casos.
En Boyacá están en riesgo 52 municipios que tienen condiciones eco-epidemiológicas para la trasmisión del virus. Las poblaciones con mayor afectación por el brote de dengue son San Pablo de Borbur, Garagoa, Moniquirá, Otanche, Muzo, Quípama, Puerto Boyacá, San Luis de Gaceno, Santana y Soatá, de acuerdo con el reporte de la semana epidemiológica 26, comprendida entre el 23 al 29 de junio de 2024.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

REGIÓN
Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
REGIÓN
Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
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