REGIÓN
Boyacá, Arauca, Casanare y Meta se le quieren medir a hacer los Juegos Nacionales
Con la gran ilusión y expectativa por continuar con el procedimiento de postulación, este lunes el gobernador Carlos Amaya, junto a sus homólogos de Casanare, Arauca y Meta, sustentaron en el Ministerio del Deporte la propuesta conjunta para aspirar a ser la sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales en 2027 y los Juegos Nacionales de la Juventud en 2028.
En la proposición expuesta por parte de los mandatarios de los cuatro departamentos, la apuesta fundamental consiste en mostrarle al país que, además de contar con la capacidad de realizar grandes eventos deportivos, los ‘Juegos Nacionales de Oriente: Deporte y Naturaleza por la Vida’ son una gran oportunidad para fusionar la actividad física con el profundo respeto por los recursos naturales, destacando la importancia de preservarlos y protegerlos como pilar para el desarrollo social.
El gobernador Amaya aseguró que los cuatro departamentos están en condiciones de acoger estas justas, por lo que quieren que sean unos juegos sostenibles, que den un mensaje de preservación de los recursos naturales y que se pueda dejar ese legado. En cuanto a lo deportivo, no se necesita construir ningún nuevo escenario, ya que cada departamento ha dispuesto recursos para hacer el mantenimiento y mejoramiento.
El mandatario de los boyacenses tiene la absoluta convicción que los cuatro departamentos están listos para hacer la décimo tercera versión de los Juegos Nacionales de Oriente.
A la comitiva liderada por los gobernadores de Boyacá, Casanare, Arauca y Meta, se sumó el gerente de Indeportes Boyacá, Fredy Holguín; el director de Fomento y Desarrollo Deportivo, Fernando López y los deportistas Luis Carlos Patiño, Sara Salinas, Catalina Rosas, Juanita Salcedo, Laura Rojas, Sebastián Velandia, Fabián Espinel y Juan Pablo Sossa.
La próxima instancia de esta aspiración es la evaluación en sitio que realizará la comisión técnica del Ministerio del Deporte, la cual se desplazará a los territorios en una fecha límite el 26 de julio, para recibir la calificación definitiva del 27 al 31 de julio.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
