META
Barranca de Upía, Puerto Gaitán y Acacías, disminuyeron siniestralidad vial
El año 2020 inició con un acelerado incremento de siniestralidad vial en el Meta, entre enero y febrero, con 39 víctimas fatales, 10 más que el año anterior y, 118 lesionados, cifras que entraron en pausa con la pandemia, debido a las restricciones en la movilidad durante el aislamiento preventivo obligatorio, disminución que se vio reflejada en el mes de abril, donde hubo 4 víctimas fatales y 8 lesionados en todo el Meta.
Los municipios que más se destacaron por disminuir el número de víctimas fatales y de lesionados en siniestros viales, desde enero hasta agosto de 2020, fueron:
Barranca de Upía, Puerto Gaitán y Acacías; así se dio a conocer durante el Consejo Territorial de Seguridad Vial, realizado de manera virtual el día de ayer, donde Barranca de Upía no tuvo ninguna víctima fatal, Acacías pasó de 12 fallecidos a 5, y Puerto Gaitán de 9 fallecidos a 4, en el mismo período comparado con el 2019.
Por el contrario, municipios como Villavicencio con 47, Granada con 12 y, Puerto Rico con 7 víctimas fatales, son los que más presentan siniestralidad vial dejando las cifras más altas de víctimas fatales en todo el Departamento.
Durante el encuentro el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, socializó las metas en materia de seguridad vial, que entre las más destacadas están: el incentivar a los municipios a diseñar sus planes locales de seguridad vial, dotar de equipos tecnológicos al Instituto Departamental de Tránsito y Transporte para realizar campañas pedagógicas con las que se pretende sensibilizar a 10mil personas y promover la movilidad sostenible en los municipios.
Fuente: Gobernación de Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
