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Desarticulan banda que utilizaba niños para el tráfico de drogas en Villavicencio
Luego de más de un año de investigaciones que incluyeron interceptaciones, seguimientos y verificaciones, la Fiscalía General de la Nación en una labor conjunta con la Policía Nacional asestó el más duro golpe contra una organización criminal dedicada a la venta de estupefacientes, conocida como La Banda de San José.
Los investigadores establecieron que esta organización, durante dos años, utilizó a 10 niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos relacionados con el hurto a residencias, tráfico de drogas y venta de armas. Asimismo los habrían usado como “campaneros” para lograr evadir controles de las autoridades.
Esta práctica, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, dejó al descubierto el caso de una madre que habría puesto al servicio de la red delincuencial a su hijo de 13 años.
Capturados
Por estos hechos la Fiscalía General de la Nación obtuvo ante los respectivos jueces de control de garantías 15 órdenes de captura contra las personas al parecer involucradas, entre ellos, Eduard Jonhatan Mojica Vanegas, alias el Mono, quien sería el cabecilla de la estructura delincuencial.
Mojica Vanegas murió como consecuencia de un enfrentamiento con los integrantes de la Fuerza Pública que adelantaban el operativo de captura. Los otros detenidos fueron presentados ante un juez de Villavicencio (Meta).
La Fiscalía imputó cargos por los delitos de uso de menores de edad en la comisión de ilícitos, concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y hurto agravado. Las penas que podrían imponerse a los miembros de esta estructura ilegal oscilan entre los 13 años y 30 años de cárcel.
Los menores de edad ya están bajo protección del Instituto Colombiano de bienestar Familiar (Icbf), entidad que iniciará a su favor el procedimiento administrativo de restablecimiento de sus derechos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
