CASANARE
Balance ‘agridulce’ dejó control político a Secretaría de Educación Departamental
Diputados adelantaron control político a la Secretaría de Educación del Departamento, donde se enfocaron en aspectos tales como el estado actual de obras inconclusas. Además, los corporados extendieron el llamado a la titular de esta dependencia para que se agilicen las acciones con el fin de lograr la transición de Unitrópico como Universidad Pública de Casanare.
El presidente de la Comisión de Educación diputado York Cortés Peña, manifestó que los recursos de la cartera educativa se han gastado en temas no tan relevantes tales como capacitaciones “estos dineros deberían ser direccionados a infraestructura escolar”.
Además, Cortés Peña señaló que se deben agilizar los procesos en el tema de universidad pública “desde que salió la Ley no se ha hecho el primer comité, donde también se solicitó que se incluyeran a dos Diputados. No va alcanzar el tiempo, no tenemos la Ordenanza para lograr que éste claustro educativo quede incluido dentro del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional para el próximo año”.
“No puede haber algo más importante que la educación gratuita en Casanare, necesitamos a Unitrópico como universidad pública, que la UPTC en Aguazul funcione bien y que entren en funcionamiento el SENA de Paz de Ariporo y Monterrey”, adujo el corporado Felipe Becerra.
Otro tema abordado al unísono por los diputados Jaime Montañez, Wilmar Cuevas y Homero Abril, fue el de obras inconclusas que quedaron dentro del Plan de Desarrollo, en los municipios de Paz de Ariporo, Chámeza, Hato Corozal y Pore, y en sitios como La Turúa y Las Guamas (entre otros), que beneficiarían a gran número de estudiantes en Casanare.
También, los Corporados requirieron mayor control y supervisión a las interventorías que tienen en sus manos contratos vitales para el óptimo funcionamiento de la educación de Casanare.
La secretaria de educación del Departamento, Sandra Patricia Rincón, por su parte dio a conocer que, de 32 obras inconclusas existentes, al día de hoy se han logrado terminar y entregar 12 de ellas. “Hemos cumplido con más del 90 por ciento de las metas del Plan de Desarrollo”, adujo la funcionaria.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
